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| María Martín López, de 81 años |
Por primera vez, víctimas del franquismo relatan al Supremo cómo fueron asesinados sus padres
"En la Audiencia Nacional nos dijeron que las desapariciones no habían prescrito", comentan
Un historiador dice que el Gobierno de González paró la búsqueda de desaparecidos tras el 23-F
«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»
Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Atlas
Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado como testigos ante un tribunal español. Esta mañana han tenido la oportunidad de hacerlo ante el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, dentro del juicio contra Baltasar Garzón por su presunta prevaricación en la investigación de estos hechos.
De forma contundente y brutal, dos de los testigos reclamados por la defensa del juez han explicado al tribunal cómo desaparecieron sus padres y un tercero, el historiador gallego Ángel Rodríguez, relató la batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos.
Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas (Gran Canaria), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 "en busca de justicia" y que, meses más tarde, les dijeron "que las desapariciones denunciadas no habían prescrito". Sosa, de 75 años, ha recordado que junto a la denuncias aportaron un listado con medio millar de desaparecidos y narró como "los nacionales" se llevaron a mi padre de casa en 1936 y "jamás" lo volvió a ver. "Aún lo sigo buscando. Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre", ha dicho.
"Ninguna administración había hecho nada"
Antes, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos (Ávila), ha contado que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima". Según Martín, visiblemente afónica y enlutada, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.
Más técnico, el historiador Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), ha señalado que el contenido de su denuncia relataba un plan sistemático de eliminación y genocidio perpetrado entre 1969 y 1939, y que querían conocer cómo se habían producido las muertes y conocer dónde estaban las personas desaparecidas. "Creímos que sólo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia Nacional", ha defendido el historiador.
Sin juristas internacionales
Ayer, el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamó al tribunal que mantuviera las dos citaciones previstas para el jueves (representantes de la memoria histórica de Aragón y Mallorca) y se mostró abierto para que los 17 testigos restantes se agrupen en las sesiones previstas para la próxima semana.
La fase testifical se ha quedado coja y sólo declararán afectados y dos abogados, ya que los juristas internacionales que había reclamado la defensa de Garzón fueron rechazados por la sala. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación, quería que pasaran por la vista el juez chileno Juan Guzmán, el argentino Raúl Zaffaronni o la exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que han instruido casos de crímenes contra la humanidad.
Pero la sala lo vetó. La última vez en un auto de 12 de diciembre de 2010, redactado por el que era ponente de la causa, Adolfo Prego, en el que quedó fijada la prueba que se celebrará en la vista oral. El argumento principal de la negativa era que no aclararían si Garzón prevaricó o no, ya que sus testimonios son "innecesarios" porque sus actuaciones ya constan en las causas correspondientes y, "por otra parte, los jueces y magistrados no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que han intervenido".
"En la Audiencia Nacional nos dijeron que las desapariciones no habían prescrito", comentan
Un historiador dice que el Gobierno de González paró la búsqueda de desaparecidos tras el 23-F
«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»
Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Atlas
Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado como testigos ante un tribunal español. Esta mañana han tenido la oportunidad de hacerlo ante el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, dentro del juicio contra Baltasar Garzón por su presunta prevaricación en la investigación de estos hechos.
De forma contundente y brutal, dos de los testigos reclamados por la defensa del juez han explicado al tribunal cómo desaparecieron sus padres y un tercero, el historiador gallego Ángel Rodríguez, relató la batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos.
Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas (Gran Canaria), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 "en busca de justicia" y que, meses más tarde, les dijeron "que las desapariciones denunciadas no habían prescrito". Sosa, de 75 años, ha recordado que junto a la denuncias aportaron un listado con medio millar de desaparecidos y narró como "los nacionales" se llevaron a mi padre de casa en 1936 y "jamás" lo volvió a ver. "Aún lo sigo buscando. Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre", ha dicho.
"Ninguna administración había hecho nada"
Antes, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos (Ávila), ha contado que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima". Según Martín, visiblemente afónica y enlutada, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.
Más técnico, el historiador Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), ha señalado que el contenido de su denuncia relataba un plan sistemático de eliminación y genocidio perpetrado entre 1969 y 1939, y que querían conocer cómo se habían producido las muertes y conocer dónde estaban las personas desaparecidas. "Creímos que sólo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia Nacional", ha defendido el historiador.
Sin juristas internacionales
Ayer, el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamó al tribunal que mantuviera las dos citaciones previstas para el jueves (representantes de la memoria histórica de Aragón y Mallorca) y se mostró abierto para que los 17 testigos restantes se agrupen en las sesiones previstas para la próxima semana.
La fase testifical se ha quedado coja y sólo declararán afectados y dos abogados, ya que los juristas internacionales que había reclamado la defensa de Garzón fueron rechazados por la sala. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación, quería que pasaran por la vista el juez chileno Juan Guzmán, el argentino Raúl Zaffaronni o la exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que han instruido casos de crímenes contra la humanidad.
Pero la sala lo vetó. La última vez en un auto de 12 de diciembre de 2010, redactado por el que era ponente de la causa, Adolfo Prego, en el que quedó fijada la prueba que se celebrará en la vista oral. El argumento principal de la negativa era que no aclararían si Garzón prevaricó o no, ya que sus testimonios son "innecesarios" porque sus actuaciones ya constan en las causas correspondientes y, "por otra parte, los jueces y magistrados no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que han intervenido".
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