Garzón, "con la conciencia tranquila"

Memoria Pública

Garzón, "con la conciencia tranquila" porque actuó para evitar "el olvido"
El juez dice tener "la conciencia tranquila". El fiscal elogia "el atrevimiento" de Garzón y la defensa pide su absolución


El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En su intervención final Garzón aseguró que su conciencia "está tranquila" porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas para evitar "el olvido".

En su turno de última palabra el magistrado citó al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que "el tribunal del hombre es su conciecia". El juez reiteró que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.

"Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", afirmó Garzón.

El juez, para quien el sindicato ultra Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, recordó que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Garzón : "La obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos"

Recordó que una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia.

"Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas", añadió.

Concluyó Garzón que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito enmarcó la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos "hechos criminales masivos que tienen carácter permanente", ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos".

Así, Garzón afirmó que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

El fiscal recordó los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente a la que aún no se le ha puesto el punto final"

Antes de que hablara el juez, la Fiscalía mosotró sus dudas sobre las verdaderas intenciones del sindicato ultra Manos Limpias al querellarse contra Baltasar Garzón por prevaricación y se preguntó si, de haber sido otro juez el que hubiera investigado los crímenes del franquismo, la acusación popular habría actuado del mismo modo.

Tras admitir que el acusado "no es un juez al uso" y recordar el "extraordinario protagonismo" adquirido por éste tras instruir causas de gran trascendencia mediática y perseguir el terrorismo, la corrupción y a "dictadores del Cono Sur americano", el fiscal se ha preguntado si "esa preocupación de Garzón por investigar determinados delitos" está detrás de las querella contra él.

Navajas solicitó la absolución de Garzón, ha dicho también que el acusado abrió una investigación sobre "los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española" y destacó que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente" a la que aún no se le ha puesto "el punto final".

 
Paracuellos
El abogado defensor de Garzón solicitó la libre absolución de su representado y defendió que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicmente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.

Gonzalo Martínez-Fresneda, que se extendió durante dos horas en la exposición de su informe final, comenzó su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.

Desde el punto de vista político, dijo la defensa, ambos acontecimintos son "igual de repugnantes, con episodios tristes, trágicos, delictivos y criminales, pero jurídicamente no tienen parangón". Entre otras diferencias, indicó que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible —"sabiendo que una muerte no se puede reparar"—, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.

A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a "introducir por la puerta falsa y en fraude procesal" este elemento que ha quedado "sin género de dudas" fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con "absoluta sumisión" lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.

Según Gonzalez-Fresneda, la querella interpuesta en 1998 formó parte de una "contraofensiva" por haber aceptado la Audiencia Nacional hechos relativos a las desapariciones de Argentina o el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet.

En todo caso, el juez no aceptó la querella, que no aludía a delitos de genocidio o lesa humanidad, por errores "formales y su mala elaboración" y, por lo tanto, no aplicó la Ley de Amnistía de 1977 ni declaró prescritos los hechos expuestos

Las víctimas explican ante el Supremo que esperan de la Justicia argentina lo que les niega la española

"Si tiene que ser una jueza argentina la que asuma la de investigación de estos crímenes, pues que sea", declara a preguntas de un testigo del fiscal

ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid 08/02/2012
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ayer, declarando en el Supremo

Sólo el penúltimo de la decena de testigos que han declarado en el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Baltasar Garzón ha merecido una pregunta del fiscal de Sala Luis Navajas. “¿Dice que está personado en un proceso de investigación en Argentina? ¿Y qué se investiga allí?”, se interesó el representante del Ministerio Público, que niega que el juez de la Audiencia Nacional cometiera prevaricación cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Fue mientras declaraba Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A preguntas de la defensa de Garzón, que en esta causa ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, Silva aseguró que su intención al acudir a la Audiencia Nacional fue que “la Justicia actúe con todas las consecuencias” frente a estos crímenes de lesa humanidad.

“Las exhumaciones ya las llevamos haciendo años, aunque debería ocuparse el Estado, pero ese es un problema aparte. Lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen; cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y lo tiran en una cuneta. Eso tiene que tener alguna respuesta de la Justicia”, aseguró.

Por eso, señaló ya a preguntas del fiscal, su asociación no ha dudado en aportar en el procedimiento abierto en Argentina toda la información que ha obtenido sobre la desaparición forzada de víctimas del franquismo. Explicó que, en aplicación del principio de justicia universal, “el proceso puede ser bidireccional”, y al igual que ocurrió en España con los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina en 1998, si ahora “tiene que ser una jueza argentina la que asuma la responsabilidad de investigar estos crímenes”, bienvenido sea, vino a decir el testigo.

Un testigo relata cómo mataron a su padre por dar comida a los maquis

Silva, cuyo abuelo estuvo 64 años desaparecido hasta que hallaron sus restos en una fosa, recreó ante los siete magistrados que juzgan a Garzón la atmósfera de miedo y silencio con la que han convivido las víctimas del franquismo. Afirmó que a su abuela nunca la oyó nombrar a su abuelo y que, en 2000, cuando exhumaban unos restos, la hija de un desaparecido le confesó a un familiar suyo que nunca había hablado de lo que le había ocurrido a su padre ni siquiera con su hermana.

"La consigna era que de los rojos no quedara ni rastro", dice un historiador

“Estas familias ni siquiera han tenido la conciencia de víctimas, de que les han hecho un daño que no era inevitable en una guerra. Han visto cómo se reparaba a las víctimas de las hordas marxistas y les daban trabajo en la Administración. A ellos no les daban nada”, lamentó Silva, antes de señalar que él todavía fue educado para silenciar lo que le pasó a su abuelo.
“Les tuvo que dar”

También compareció ayer como testigo Antonio Solsona, de la Asociación de Memoria Histórica de Castellón, quien relató cómo el 4 de octubre de 1947 el mando de la Guardia Civil Maximino Lobo se llevó a su padre y a un vecino y nunca volvieron a ser vistos. El testigo negó que su progenitor tuviera relación con el maquis. “Lo único es que tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida. Poca o mucha les tuvo que dar”, señaló Solsona.

A la pregunta de si sabía lo que le ocurrió, respondió: “Saberse... Que está muerto, pero el cadáver nunca lo hemos recuperado”.

El último testigo en declarar fue Antonio Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria, quien en el libro Rescatados del Olvido (incluido en la denuncia que el colectivo presentó en la Audiencia Nacional) reflejó la investigación que ha realizado durante 30 años sobre la represión en Santander, desde el verano de 1937, cuando cayó la ciudad. ¿Su principal conclusión? Que “había una norma, una consigna, que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro”. Es decir, se les ejecutaba y simultáneamente se les hacía “desaparecer jurídicamente”.

Manos Limpias fracasa en el intento de aplazar sus conclusiones al lunes

Ontañón explicó que el jefe del piquete iba a prisión a las seis de la mañana a recoger a entre 13 y 16 presos, lo que coincide con la capacidad de los camiones utilizados. Se les fusilaba en “la tapia oeste del cementerio” y eran enterrados de centenar en centenar en fosas. “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres cada una”, aseveró.
Visto para sentencia

El juicio quedará hoy visto para sentencia, después de que las partes expongan sus informes de conclusiones. La acusación que ejerce Manos Limpias, que provisionalmente pide 20 años de inhabilitación para el juez, intentó que la vista se aplazara al lunes apelando al gran volumen de prueba documental aportada por la defensa.

“Sé hasta la matrícula del verdugo. Lo que quiero es a mi madre”

Silva estaba citado a declarar mañana en el Supremo pero una enfermedad le impide acudir

 Natalia Junquera

María Silva era pobre y analfabeta. Nunca había salido de su pueblo, Casas Viejas (Cádiz). Pero a los 17 años, el 11 de enero 1933, se convirtió en un mito. Ese día perdió a seis miembros de su familia, tiroteados y abrasados en la choza de su abuelo, Curro Cruz, Seisdedos, tras una revuelta de campesinos anarquistas, y perdió también el nombre, porque, tras sobrevivir a la masacre, todos empezaron a llamarle La Libertaria. El diario Abc, que la visitó cinco días después, en la cárcel, reseñaba: “Tiene 18 años [en realidad le faltaban tres meses para cumplirlos] y es bastante agraciada. (...) Tiene todo su indumento sucio y haraposo. Nos pide que se le compren medias y alpargatas negras”. A los 21 años, con un hijo de 13 meses y embarazada de seis meses, estaba muerta.

“Los golpistas la mataron a unos 30 o 40 kilómetros del pueblo de Paterna. No se sabe dónde”, relata Juan Pérez Silva, que no puede acordarse de ella, porque a los 13 meses no se tienen todavía recuerdos, pero que no ha dejado de buscarla.

La barriga de su madre no disuadió a los pistoleros. Ni para matarla, ni para torturarla. “La amarraron a una reja y abusaron de ella”, cuenta su hijo, que ha ido enterándose de estos dolorosísimos detalles a medida que los testigos perdían el miedo a hablar. “Yo me he hecho el tonto toda la vida, pero en un pueblo chico, todo se sabe. Y todo esto pasó en un sitio donde no hubo frente de guerra. Aquí se trataba de sembrar el terror para dominar a la gente”.

Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres

Juan Pérez Silva estaba citado a declarar en el juicio contra Baltasar Garzón mañana, para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre. Pero tiene 76 años y una grave enfermedad le impide acudir. “Me hubiera encantado poder decirles a los magistrados del Tribunal Supremo que ya va siendo hora de que se haga justicia. Y que no quiero que me digan quiénes fueron los verdugos, porque me sé hasta su número de matrícula del coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres. Yo no quiero venganza. Yo lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió. La única cosa que yo he deseado en la vida ha sido darle un entierro digno, con banda de música, y tener un sitio para llevarle flores cuando yo quiera”.

A su madre la mataron al principio de la Guerra Civil y a su padre, sindicalista de la CNT y director del periódico Cartagena Nova, el último día de la contienda. “Se habían conocido en la cárcel de Cádiz. Mi padre medió para que la liberaran después de la matanza de Casas Viejas porque era menor. Y lo consiguió: la dejaron libre (...) A mi padre lo mataron al final de la guerra. Lo sacaron de la redacción del periódico y lo fusilaron en Cartagena. Está en una fosa común, pero sé dónde. A mí me gustaría volver a juntarles”.

Juan Pérez Silva se crió con la cuñada de su madre. “En la Guerra Civil y la dictadura mataron a 26 de mi familia”, relata.

No solo lleva toda la vida batallando para encontrarla, también para que inscribieran su defunción en el Registro Civil. Juan Pérez Silva se gastó unos 2.000 euros para publicaciones de anuncios en periódicos y otros trámites. El juzgado de Chiclana se hizo de rogar, pero finalmente María Pérez Silva fue dada por muerta en junio de 2011, 74 años después de haber sido fusilada.

Juan Pérez Silva asegura que no entiende lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón, que admitió a trámite la denuncia que presentó en 2007. “Pero yo confío en la justicia”, añade enseguida. “Sigo esperando mucho de ella”.

Si la fase documental finaliza hoy, el juicio previsiblemente quedará visto para sentencia mañana, tras los informes de conclusiones de las partes. Esa sentencia no sólo servirá para absolver o condenar a Baltasar Garzón, porque, independientemente de la decisión que adopte, obligatoriamente tendrá que pronunciarse sobre los crímenes que ha escuchado estos días de boca de sus víctimas y aclararles si pueden esperar algo de la justicia.

Mientras tanto, el juicio sigue despertando el interés internacional. Ayer dos miembros de la Fundación sueca Harald Edelstam, en defensa de los derechos humanos, asistieron a la vista en el Tribunal Supremo.

Tribunal Supremo 75 años después

El Tribunal Supremo acogió este miércoles por primera vez las voces de la memoria de las víctimas del franquismo, aquellos niños del 36, hoy ya octogenarios, que evocaron cómo un día se llevaron de casa a sus padres, a los que nunca volvieron a ver. Fueron testimonios emotivos, estremecedores, de aquellos que fueron a pedir justicia a la Audiencia Nacional porque antes nadie les había hecho caso. Ante el tribunal reprodujeron sus historias como testigos de la defensa del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a los 20 años de inhabilitación que exige para él el pseudosindicato del ultraderechista Miguel Bernard, por investigar los crímenes del franquismo.

Junto a las víctimas, un historiador que ha investigado la Memoria Histórica sostuvo que al menos desde un año antes a 1936 existía un “plan sistemático” para eliminar a representantes del Gobierno legítimo de la Segunda República, lo que podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.

Las víctimas tuvieron suerte esta vez. A pesar de sus evidentes limitaciones, pudieron expresarse. En junio de 2009, el anterior tribunal, presidido por Juan Saavedra, despachó con un desabrido “absténganse de perturbar al Supremo”, el intento de alguna asociación de víctimas de “autoinculparse” en la causa abierta a Garzón. El magistrado que presidía el tribunal, Carlos Granados, dejó fluir los testimonios con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir a los testigos, —“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón...” comenzó a decir—, fue atajado con contundencia por Granados: “Aquí es el presidente el que determina que pruebas son pertinentes”, le cortó.

María Martín López, de Pedro Bernardo (Toledo), de sus 81 años, testificando ante los magistrados del Supremo. / ... (EFE)

El testimonio de María Martín, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, resultó el más conmovedor. Enlutada y de pelo cano, la anciana entró en el salón donde se celebra el juicio empujando un andador. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz ahogada y rota, muy difícil de entender. María tenía seis años y vivía en Pedro Bernardo cuando se llevaron a su madre, el 21 de septiembre de 1936. “Le pidieron mil pesetas y como nos las tenía, la echaron a la calle, se la llevaron a Arenas de San Pedro, pero la mataron por el camino. Ese día mataron a 27 hombres y tres mujeres. Solo un hombre se escapó y no lo encontraron”. María describió el lugar donde ella “sabe” que está el cuerpo de su madre, en una fosa cerca de un puente que cruza un arroyo. Todas sus gestiones para recuperarlo han fracasado.

María del Pino Sosa vive en Gran Canaria y, como la anterior testigo, solo conoce a Garzón “de los periódicos y la televisión”. Como representante de la asociación de Arucas denunció, en diciembre de 2006, la desaparición de su padre, al que “se llevaron de casa” junto con otros que no aparecieron. A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, relató: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”. Su madre nunca aceptó una declaración de fallecimiento. “Decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.

Una de las asociaciones que en 2009 quiso autoinculparse junto a Garzón fue la de Ponteareas (Pontevedra). Uno de sus representantes, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, explicó las razones que les llevaron a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional. “Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.

El testigo precisó que acudieron “a la Audiencia Nacional”, no al juez Garzón.

Pino Sosa, de la asociación de la Memoria Histórica de Arucas en Gran Canaria, declarando en el Tribunal Supremo. / ... (EFE)

Como historiador, Gallardo dijo haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia que apuntaban un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República. Sin embargo, han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999. “Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, a archivos de Policía y Guardia Civil podríamos determinar ese plan sistemático, y conocer realmente lo sucedido”, aseguró.

Gallardo explicó que ya en 1978 hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas, pero, a partir del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, el proceso quedó paralizado, porque “el Gobierno socialista decidió aparcarlo”. Luego, en distintos momentos se ha intentado saber qué pasó con los desaparecidos, pero será “imposible” sin una intervención judicial. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica”, dijo. “Pero mientras en otras partes del mundo se han denunciado hechos similares, aquí no”.

“Dijeron que le habían reventado la tripa a mi abuela embarazada”

Josefina Musulén, de la asociación Memoria de Aragón, ha testificado hoy en el juicio
No denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar"
Julio M. Lázaro Madrid 2 FEB 2012

El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido aplaudido por sus seguidores, que habían cola en el vestíbulo a la espera de poder acceder al salón donde se celebra la vista.

Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó que su asociación “recibió llamadas de gente muy mayor que quería saber donde están sus víctimas, que pedían ayuda para encontrar a sus desaparecidos”. Preguntado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, dijo que no denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar. En 2006 creían ya que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional".

Musulén relató que un falangista se llevó a su abuelo y además, a su abuela embarazada. Un hermano de su abuela fue al cuartel de Falange, donde le dijeron que a su abuela “con el tiro de gracia le había reventado la tripa”.

“Mi padre tuvo que vivir con eso toda su vida”, siguió Musulén. “Fallecido el dictador, encontramos a amigos de mi abuelo que pudieron contarnos que a mi abuela la habían ingresado en el hospital y que había dado a luz una niña, y que la niña se la quitaron”. La testigo dijo que llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre: “No hay piedra en Aragón que hayamos podido levantar y que no hayamos levantado”.
 
La siguiente testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, ha dicho que no conoce al juez Baltasar Garzón. Su asociación presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2006, que contenía una relación de víctimas de Mallorca, con un informe histórico de la represión contra la población civil.

La testigo ha explicado que en Mallorca la represión comenzó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Comenzaron con listas preconcebidas las ejecuciones, los asesinatos, las desapariciones...” Su asociación pidió auxilio para encontrar a las personas desaparecidas. Tienen constancia de 3.000 asesinados “que no murieron en combate”. Su asociación tiene documentadas 1.600 personas asesinadas en la isla y más de 50 fosas.

María Antonia Oliver ha relatado que es nieta de una persona desaparecida. “Mi madre, de 87 años, es hija de esa persona. Mi abuela murió y lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las heridas con la verdad y la justicia”.

“Mi madre le llevaba la comida y un día de la primavera del 1937, le dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la prisión, los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabía dónde iba. Les esperaba una fuerza armada y Falange y les llevaron directamente a la muerte”, siguió al testigo. “Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca muerto. Las dijeron que era un rojo y un cobarde, que habría huido con otra mujer y les habría abandonado”.

La testigo concluyó diciendo que si su asociación utilizó la expresión “crímenes contra la Humanidad” en la denuncia es porque siempre han estado asesorados de abogados, que les dijeron que en Argentina y Chile habían salido adelante las investigaciones por ese delito de crímenes contra la Humanidad.

«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»

María Martín López, de 81 años

Por primera vez, víctimas del franquismo relatan al Supremo cómo fueron asesinados sus padres
"En la Audiencia Nacional nos dijeron que las desapariciones no habían prescrito", comentan
Un historiador dice que el Gobierno de González paró la búsqueda de desaparecidos tras el 23-F
«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»

Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Atlas
Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado como testigos ante un tribunal español. Esta mañana han tenido la oportunidad de hacerlo ante el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, dentro del juicio contra Baltasar Garzón por su presunta prevaricación en la investigación de estos hechos.
De forma contundente y brutal, dos de los testigos reclamados por la defensa del juez han explicado al tribunal cómo desaparecieron sus padres y un tercero, el historiador gallego Ángel Rodríguez, relató la batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos.
Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas (Gran Canaria), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 "en busca de justicia" y que, meses más tarde, les dijeron "que las desapariciones denunciadas no habían prescrito". Sosa, de 75 años, ha recordado que junto a la denuncias aportaron un listado con medio millar de desaparecidos y narró como "los nacionales" se llevaron a mi padre de casa en 1936 y "jamás" lo volvió a ver. "Aún lo sigo buscando. Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre", ha dicho.
"Ninguna administración había hecho nada"
Antes, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos (Ávila), ha contado que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima". Según Martín, visiblemente afónica y enlutada, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.
Más técnico, el historiador Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), ha señalado que el contenido de su denuncia relataba un plan sistemático de eliminación y genocidio perpetrado entre 1969 y 1939, y que querían conocer cómo se habían producido las muertes y conocer dónde estaban las personas desaparecidas. "Creímos que sólo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia Nacional", ha defendido el historiador.
Sin juristas internacionales
Ayer, el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamó al tribunal que mantuviera las dos citaciones previstas para el jueves (representantes de la memoria histórica de Aragón y Mallorca) y se mostró abierto para que los 17 testigos restantes se agrupen en las sesiones previstas para la próxima semana.
La fase testifical se ha quedado coja y sólo declararán afectados y dos abogados, ya que los juristas internacionales que había reclamado la defensa de Garzón fueron rechazados por la sala. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación, quería que pasaran por la vista el juez chileno Juan Guzmán, el argentino Raúl Zaffaronni o la exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que han instruido casos de crímenes contra la humanidad.
Pero la sala lo vetó. La última vez en un auto de 12 de diciembre de 2010, redactado por el que era ponente de la causa, Adolfo Prego, en el que quedó fijada la prueba que se celebrará en la vista oral. El argumento principal de la negativa era que no aclararían si Garzón prevaricó o no, ya que sus testimonios son "innecesarios" porque sus actuaciones ya constan en las causas correspondientes y, "por otra parte, los jueces y magistrados no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que han intervenido".

Más de 50 balas acabaron con las '17 rosas andaluzas'

Una de ellas, localizada con dos tiros en la nuca y boca abajo. La excavación saca a la luz el "ensañamiento" del verdugo

Memoria Pública

Los arqueólogos han localizado en el cementerio de Gerena (Sevilla) los restos de quince de las denominadas "17 rosas" de Guillena, que fueron fusiladas hace 74 años por ser familiares de milicianos republicanos, y una de ellas presenta dos tiros en la nuca y su cuerpo está boca abajo.

El arqueólogo Juan Luis Castro ha explicado este miércoles a los periodistas que el cráneo de esa mujer es una "evidencia" de que recibió dos tiros de "gracia" y luego fue arrojada encima del resto de mujeres, de entre 20 y 70 años, cuyos huesos están amontonados.
Entre los restos se han encontrado una moneda de un duro, una bala, un peina y un dedo con un anillo

Otro cráneo localizado tiene aún adosado una horquilla y además se han encontrado entre los huesos varias monedas, una de ellas un duro de plata de gran valor que la mujer quizás quiso usar para salvar la vida, suelas de zapatos, una bala, un peine, botones e incluso un anillo que estaba rodeando un dedo.

Los restos de las dos mujeres que faltan por encontrar estarían bajo los huesos de sus compañeras y uno de ellos se prevé que esté unos cuarenta centímetros bajo una hilera de nichos, según el arqueólogo, que prevé concluir la exhumación la próxima semana.

Tras la exhumación comenzará el trabajo de laboratorio y la comprobación de la identidad de cada fusilada con el ADN de sus familiares antes de darles sepultura en el lugar que elijan los allegados.
El arqueólogo explica el "ensañamiento" del verdugo con las mujeres

Castro ha explicado al consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que han asistido hoy a los trabajos, que en esta fosa común es en la que ha encontrado más "ensañamiento" por parte de los verdugos entre las ocho fosas de la Guerra Civil que ya ha abierto en Andalucía.

Así, ha dicho que sólo en el entorno de los cadáveres han encontrado medio centenar de casquillos de balas de tres armas diferentes, dos de ellas de fusiles y otras de una pistola de 9 milímetros largo para los tiros de gracia.
Continuarán las ayudas

El antropólogo Juan Manuel Guijo, por su parte, ha asegurado que "sin duda alguna" todos los restos localizados son de mujeres porque así lo determinan las pelvis encontradas, y en uno de los esqueletos recompuestos que han mostrado se constata que tenía lesiones artrósicas a pesar de la juventud de la fallecida.

Tras visitar la fosa común, Menacho ha dicho a los periodistas que la Junta va a mantener las ayudas económicas para estos trabajos, que en el caso de Gerena serán algo más de 24.000 euros, a pesar de que casi todas las comunidades autónomas y el Gobierno del PP quieren "darle carpetazo" porque "nunca han creído" en estas iniciativas.

El presidente de la Diputación, al que acompañaban la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez, y el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha dicho que viendo la fosa "se le pone a uno la carne de gallina", y ha añadido que "uno piensa que es imposible" que se produjeran esos fusilamientos, "pero ocurrieron" por la "sinrazón".

Villalobos ha afirmado que la Diputación mantendrá las ayudas para estas exhumaciones "hasta el último momento", y ha dicho que estarán con los familiares de los fusilados "hasta el final".