sábado, 1 de diciembre de 2012

Investigación en Argentina por los crímenes del franquismo

Apoyos a la justicia universal

Se presentaron más de cinco mil adhesiones a la denuncia realizada aquí después de que España cerrrara la causa que tenía el juez Baltasar Garzón. Buscan que la jueza Servini de Cubría comience a tomar declaraciones por videoconferencia.

 Por Rocío Magnani

Más de cinco mil españoles expresaron su apoyo a la megacausa argentina que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el país ibérico entre 1936 y 1977. Las adhesiones a la demanda fueron entregadas a dos orillas: en la embajada argentina en Madrid, con un gran acto hace dos semanas, y –el martes– en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría. Después de que se suspendiera el viaje de la magistrada al estado europeo, la querella busca que Servini comience a tomar testimonio a las víctimas del franquismo a través de videoconferencias antes de fin de año.

La comitiva que entregó las adhesiones en los tribunales de Comodoro Py estuvo encabezada por los demandantes argentinos Darío Rivas y Adriana Fernández, acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Verdad, memoria y justicia es la consigna de nuestros pañuelos, pero también debe ser la de todos los pueblos –destacó Cortiñas–. Las familias españolas quieren saber la verdad y que se castigue a los culpables, y nosotros, los argentinos, sabemos que cuando se cometen atrocidades, la necesidad de que se haga justicia no se calma ni con cien años.”

La causa, que se encuentra en período de instrucción, se basa en los mismos principios judiciales que utilizó el juez español Baltasar Garzón para investigar los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena, y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Fue iniciada en 2010, a partir de la demanda de Rivas por el asesinato de su padre fusilado en 1936, cuando era alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo. La condena y destitución de Garzón –único juez español que se atrevió a tratar de investigar los crímenes del franquismo– generó una gran expectativa a comienzos de este año por la demanda argentina. Las víctimas y militantes de derechos humanos de ese país se volcaron a los tribunales argentinos y, hoy, la causa incluye un total de 40 querellas individuales, otras quince de organismos sociales y más de cincuenta demandas que están por presentarse.

Estaba previsto que la jueza Servini de Cubría viajara a Madrid en septiembre para escuchar los testimonios de un centenar de testigos y víctimas de la represión de la dictadura franquista, pero suspendió el viaje porque el presupuesto asignado por la Corte Suprema era inferior a lo que había solicitado y, según argumentó, no alcanzaba para la tarea. “Así surgió la idea de la videoconferencia”, explicó el abogado Máximo Castex, que ayer entregó una nómina de testigos sugeridos para declarar de ese modo. “La expectativa es que se concreten las declaraciones antes de fin de año. Esto depende no sólo del juzgado sino del Consejo de la Magistratura y de los consulados argentinos en España, desde donde se comunicarían los testigos”, detalló Castex.

Entre quienes están propuestos para declarar se encuentran Mercedes Puig Antich –cuyo hermano Salvador fue ejecutado con un fuerte repudio popular en 1974– y Pedro Fausto Canales, que demanda por el asesinato de nueve militantes del pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila.

Varios de los testigos seleccionados para declarar en una primera instancia han reconocido como “represores y torturadores” a Roberto Conesa y José Antonio “Billy el Niño” González Pacheco. “Estos criminales continúan vivos sin haber sido llamados a declarar ni una sola vez, a pesar de que son reconocidos por cientos de víctimas como sus torturadores”, señaló Castex.

“Ya no se puede perder tiempo”, resalta Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo por parte de un grupo de franquistas que consignaron en su acta de defunción que lo mataban por marxista. “La investigación de estos crímenes ya se dilató por más de 75 años. Se están muriendo las víctimas y los represores sin justicia. Y eso es terrible, porque un pueblo que crece sobre la impunidad no puede avanzar”, asegura. Rivas, por su parte, cumplirá 93 años en febrero, pero no pierde la esperanza de ver que en la Argentina se haga justicia por su padre, Severino. “Siempre confié en este país”, dice, y las cinco mil adhesiones que se presentaron refuerzan su voto de confianza.

miércoles, 25 de abril de 2012

Ya se han localizado a algunos de los torturadores denunciados

La juez argentina que investiga los crímenes del franquismo viaja a España para recabar datos
Fuentes de la investigación afirman que ya se ha localizado a algunos de los torturadores denunciados

CARMEN VILLAR - SANTIAGO La causa contra los crímenes cometidos por el franquismo avanza. La juez argentina María Servini de Cubría recibió esta semana por primera vez la declaración, ya no de familiares, sino de un grupo de afectados directos por la dictadura, compuesto por cuatro expresos políticos, la familiar de un asesinado y una representante legal de uno de los últimos fusilados por el régimen. Todos ellos prestaron su testimonio ante el estrado el pasado lunes durante más de seis horas.

No obstante, y pese a que varios de los denunciantes se han desplazado ya al país austral para ofrecer su testimonio personalmente y además la magistrada ha solicitado el envío por parte de las autoridades españolas de todos los datos concernientes a los altos cargos políticos y militares de la dictadura de Franco, esta semana ha anunciado que se desplazará a Madrid probablemente durante el mes de junio para recabar personalmente más información –pruebas y testimonios relacionados con el caso– para llevar adelante la causa.

Como confirma Darío Rivas, uno de los impulsores de la querella en Argentina, hijo de Severino Rivas, alcalde de Loentia (Castro de Rei, Lugo), fusilado en 1936, la magistrada se instalará durante aproximadamente una semana –debido a su apretada agenda, que incluye la presidencia del Tribunal de Buenos Aires– en las instalaciones de la embajada de Argentina en la capital española. "Se instalará allí como un detalle excepcional hacia quienes están en España. Recibirá a la gente que quiera presentarle sus problemas, porque muchos están esperándolo", explica Darío, un lucense de 91 años que promovió la querella en el país austral. A la querella, por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad", después se sumaron, entre otros, una veintena de familias represaliadas en Galicia, que presentaron una lista con más de 5.000 víctimas en la comunidad.

En todo caso, a la magistrada no le faltan testimonios. A los personales prestados el lunes se sumaron cinco casos recogidos por la asociación Goldatu, de Euskadi, y otros 46 presentados por la asociación La Comuna, según explica el emigrante gallego Evaristo Oroña, uno de los impulsores de una plataforma de apoyo al juicio. Fuentes ligadas a la investigación revelaron que han sido localizados algunos de los torturadores denunciados en esta causa.

Los seis declarantes que ha recibido la juez esta semana se encontraban a su llegada, según Darío Rivas, "un poco disminuidos de moral" porque, explica, España lo "tiene todo a la contra". Sin embargo, esa actitud cambió al llegar a Argentina, donde fueron, dice, "muy bien" recibidos. De hecho, la Federación de Sociedades Españolas del país austral les va a rendir hoy mismo un homenaje.

Objetivo: localizar a los exministros de Franco

La jueza Servini de Cubría ha pedido a España información sobre los ministros y altos cargos que ocuparon sus puestos durante el franquismo. Por ello, el pasado mes de diciembre envió un requerimiento a las autoridades españolas. En él reclama "nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange", acompañados del certificado de defunción para descartar a los que han fallecido.

Muchos de los integrantes del régimen franquista ya no podrán rendir cuentas. Manuel Fraga, expresidente de la Xunta, ha pasado a engrosar la lista de quienes no podrán ser juzgados en Argentina. El principal impulsor de la causa, Darío Rivas, defendió durante todo el proceso que el exmandatario debía sentarse en el banquillo, ya que ocupó el cargo de ministro de Información y Turismo.

martes, 24 de abril de 2012

“Una grieta en un muro de impunidad”

La jueza Servini de Cubria escuchó ayer el testimonio de víctimas del franquismo

En el marco de la megacausa que investiga los crímenes del franquismo aplicando principios de justicia universal, prestaron declaración torturados durante el régimen del dictador español y familiares. La jueza viajará a España.

Por primera vez, la jueza María Servini de Cubría escuchó en persona los testimonios de víctimas del franquismo en el marco de la megacausa que investiga, a través de principios de justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España entre 1936 y 1977. Se trata de cuatro ex presos políticos detenidos durante el régimen, que se presentaron en nombre de cincuenta víctimas más; y la abogada de la hermana de José Humberto Baena Alonso, uno de los cinco fusilados en la última sentencia dictada por el general Francisco Franco en 1975, antes de morir. La magistrada los recibió ayer, en una audiencia cerrada, donde ratificó su voluntad de viajar a España.

Estaba previsto que la audiencia testimonial continuara esta mañana en los tribunales de Comodoro Py, pero la jueza decidió escuchar ayer a todos los españoles. “Se abrió una grieta en un muro de impunidad del franquismo instituido en nuestro país, apoyado por la judicatura de allí y los medios que aplaudían que la Justicia española interviniera a nivel internacional –en referencia al proceso encabezado por el juez Baltasar Garzón en el que juzgó los crímenes de las últimas dictaduras argentina y chilena–, pero (que) se niega a levantar la alfombra y ver qué hay debajo en nuestro país”, explicó José María “Chato” Galante, una de las víctimas y referente de la asociación La Comuna, de presos y represaliados por el franquismo.

Galante estuvo preso en cuatro oportunidades desde 1969, la última de ellas entre 1973 y 1976, cuando fue puesto en libertad con la primera amnistía. Cada vez, lo sometieron a un interrogatorio por sus actividades políticas. En una de las detenciones, lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde le aplicaron diferentes torturas. “Perdí noción del tiempo –contó en su testimonio escrito–. Me aplicaron la ‘bañera’ y también sufrí la ‘barra’, por la que me cuelgan por la articulación de las rodillas, de forma que los glúteos, genitales y las plantas de los pies quedan expuestos a los golpes. Se turnaron bastantes policías, pero recuerdo por su especial ensañamiento a Roberto Conesa, José Antonio ‘Billy el Niño’ González Pacheco y Juan García Gelabert.”

La jueza Servini de Cubría, cuyo próximo paso será aceptar como partes querellantes a los aspirantes presentados ayer, ya había enviado un exhorto a España en que requirió, entre otros pedidos, que se informe el último domicilio registrado de Billy el Niño, uno de los más de cien torturadores vivos que la asociación La Comuna tienen identificados.

Para Máximo Castex, uno de los abogados patrocinantes de la megacausa, la audiencia testimonial “demostró la buena disposición de Servini de Cubría para hacer avanzar este proceso. Por ejemplo, no es común que un magistrado pase seis horas de corrido (estuvieron reunidos de 11 a 17.30) escuchando testimonios en una etapa de instrucción. Además, ratificó su voluntad de viajar para escuchar a víctimas y recorrer algunos de los puntos donde se produjeron los secuestros, torturas y asesinatos”.

Hasta el momento, La Comuna ha identificado a más de cien torturadores, cuyos nombres fueron entregados a Servini de Cubría. Con Galante, se presentaron otro tres presos políticos, en su primera declaración ante un tribunal de Justicia tras los más de 35 años de democracia en España: Josu Ibarguchi, 62, que estuvo detenido entre 1968 y 1976 por su militancia en la incipiente ETA; Sabin Arana Bilbao (67), que denuncia las torturas y detenciones sufridas en más de una oportunidad, y el periodista y editor Manuel Blanco Chivite, también de 67 años, que fue apresado y condenado a muerte en 1975 por su militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), pena que le fue conmutada a última hora.

Junto a Blanco, habían condenado a José Humberto Baena, quien sí fue ejecutado, con la última firma de Franco, antes de morir. Su crimen fue denunciado ayer por la abogada Doris Benegas, que llegó al país en representación de la hermana del represaliado, Flor Baena. Estudiante universitario y militante de izquierda, acusado del homicidio de un policía, Baena declaró ser “militante del Partido Comunista de España Marxista Leninista, (pero) no he participado en los hechos que se me imputan”. El tribunal castrense dictó la pena capital, que se cumplió el 27 de septiembre de 1975, a pesar de que desde el Vaticano hasta la ONU y la Comunidad Europea habían reclamado el indulto de los cinco condenados. El hecho levantó una ola de protestas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.

La familia de Baena ha llevado su reclamo de justicia a distintos tribunales, incluso ante la ONU, sin obtener respuestas. Por eso ha acudido, explicó su abogada, a la Justicia argentina.

domingo, 25 de marzo de 2012

Caso emblemático del terror

 Los diez fusilados en 1936 en el pueblo español de Pajares de Adaja

Los falangistas eligieron a diez personas de un pueblo de 600 habitantes para matar y sembrar el pánico. Sus historias fueron silenciadas. Recién en 2003 fueron encontrados algunos restos. Ahora, los descendientes piden justicia en la Argentina.

La sublevación militar contra el gobierno democráticamente elegido de la Segunda República Española comenzó en julio de 1936 con actos de terrorismo –para nada improvisados– que sacudieron de forma violenta al pueblo español en su conjunto. Pajares de Adaja, en la provincia de Avila, no fue la excepción. Un grupo de falangistas llegó en agosto al poblado, de entonces 600 habitantes, y cargó en una camioneta a un grupo de referentes republicanos. Secuestró, trasladó y luego asesinó a esa decena de personas, cuyos restos quedaron perdidos por 70 años. En los próximos días se sumarán de forma colectiva 14 familiares de esas víctimas a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Quieren justicia por ese “acto criminal” que, denuncian, no fue “ni un acto de guerra, ni un hecho aislado”.

Pedro Fausto Canales escribe rápido. “Tengo 78 años. Viví en Pajares de Adaja hasta los 12 años con mis abuelos maternos. Mi madre, sola desde la desaparición forzada de mi padre, servía para otro amo, en otro pueblo. Cuando lo asesinaron yo tenía dos años, por lo que no recuerdo nada de él. Siempre que le preguntaba a mi madre qué había sucedido, se echaba a llorar y era toda su respuesta. Ha sido siempre su respuesta, y poco más explícita, hasta su fallecimiento a los 99 años de edad, en el año 2005.”

Tras 40 años de dictadura y con más de 35 años de democracia en España, será la primera vez que Canales y otros 13 vecinos de Pajares de Adaja podrán dar testimonio, reclamar por una investigación y exigir justicia. Algunos de ellos habían depositado su fe en una demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional, pero que “no surtió sus frutos al retirarle la competencia al juez Baltazar Garzón (en 2008, cuando se lo suspendió por prevaricato), que en principio se había declarado competente para juzgar los crímenes del franquismo”, explica el querellante.

La represión de los nacionalistas llegó a Pajares de Adaja en el verano de 1936. El 18 de julio, tras el pronunciamiento del golpe militar, fue depuesto de su cargo el alcalde local, Angel Maroto Sáez, detenido el día 24 del mismo mes y fusilado, sin juicio, el 14 de septiembre. Sus restos fueron escondidos, sin registro ni acta de defunción, en algún rincón del cementerio de Melque.

En la madrugada del 20 de agosto, según denuncian los 14 familiares, un grupo de falangistas se presentó en el pueblo de Pajares de Adaja para llevar a cabo el secuestro de nueve personas, todas ellas vecinos del pueblo, que figuraban en una lista. Con la ayuda necesaria de los habitantes de Pajares fueron localizadas en sus domicilios siete personas, aunque más tarde serían encontrados los otros dos, corriendo igual suerte: Celestino Puebla Molinero, Emilio Caro García, Flora Labajos Labajos, Pedro Angel Sanz Martín, Román González Enrique, Valerico Canales Jorge –padre de Pedro Fausto– y Víctor Blázquez del Oso.

“Supe por mis abuelos y tíos –cuenta Pedro Fausto Canales– que lo sacaron de la cama donde dormía con mi madre, se lo llevaron a una camioneta que esperaba en la plaza, guiada por un comando falangista, y no volvió nunca más, siendo asesinado a unos 25 kilómetros, en una cuneta del término municipal de Aldeaseca, Avila. Mi madre nos tomó en sus brazos a mi hermano de cuatro añitos y a mí, y corrió despavorida a casa de sus padres, mis abuelos, y nunca más volvió a su casa.”

La abogada Ana Messuti, integrante del equipo que lleva adelante la querella contra la impunidad en España, recibió el caso a fines de febrero. La letrada relata que tras fusilar a todos los detenidos, los falangistas ordenaron a otro simpatizante socialista que trasladara todos los cadáveres en su carro a un pozo de agua en desuso en un campo cercano. “La historia circuló de boca en boca por más de 70 años, hasta que estos familiares –sobrinos, nietos, hijos– comenzaron a buscar sus restos y en 2003, con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), hallaron a algunos. Esa búsqueda fue lo que los motivó a ir por más.”

El de Pajares de Adaja es un caso emblemático en varios sentidos. Primero, porque tiene la singularidad de que una de las personas fusiladas que se incluye en la querella, Antonio García Martín, no tiene familiar que lo represente, pero aun así el colectivo de Pajares de Adaja buscará denunciar su desaparición. Y el otro factor que le da al caso un tinte significativo, explica Messuti, es que “la configuración de las víctimas demuestra que había un plan de amedrentamiento, porque eran personas humildes sin causas en la Justicia que dejaban hijos, cuyo único delito era pertenecer a la Casa del Pueblo, Partido Socialista”.

El documento de la querella que fue presentado de manera conjunta por la mayoría de querellantes, y al que Página/12 tuvo acceso, es muy crítico en ese aspecto. “Este acto criminal no fue, consecuentemente, ni un acto de guerra ni tampoco un hecho aislado. Se inserta en un proceso sistemático, concienzudamente preparado y fríamente ejecutado, de aniquilamiento de toda persona que, en cualquier lugar, se hubiese significado en la defensa de la legalidad vigente. La historia de estas diez personas de Pajares de Adaja es, por lo tanto, uno más de los muchos, muchísimos, ejemplos de la estrategia de terror trazada por los dirigentes del bando franquista.”

jueves, 9 de febrero de 2012

La Comisión por la Memoria repudia la condena a Garzón

“Se cumplió con el objetivo preparado: separar a un Juez que se atrevió a investigar los crímenes de la dictadura franquista”, se afirmó en un comunicado de prensa.

Garzón visitó a Chicha Mariani cuando estuvo en La Plata en agosto de 2010
La Comisión Provincial por la Memoria (CCPM) repudió hoy la condena a 11 años de inhabilitación al juez español Baltasar Garzón, quien se desempeña como consultor académico del organismo local, y su expulsión de la carrera judicial por investigar los crímenes del franquismo.

La CPM publicó un comunicado de prensa en el que explicó que la “condena por el Tribunal Supremo Español nos consterna, pero no nos sorprende. Se cumplió con el objetivo preparado: separar a un Juez que se atrevió a investigar los crímenes de la dictadura franquista. Este hombre realizó algo intolerable en tanto aplicó la legalidad internacional y el derecho a la verdad de las víctimas, descartando amnistías y pactos de impunidad. Y el poder verdadero le quiso demostrar a él y al mundo, la vigencia del principio de que el ‘poder es impunidad’”.

El comunicado completo dice:

Esta inhabilitación a once años no alcanza sólo a Garzón. Todos los jueces quedan inhabilitados para actuar con libertad para aplicar la ley tanto al débil como al poderoso. Deben domesticarse, no irritar, para no sucumbir frente al sistema de poder.

Nuestro juez, compañero y amigo, fue intenso en su actuación. Investigó el genocidio en Argentina, detuvo al dictador Pinochet, indagó sobre las torturas en Guantánamo y finalmente comenzó a revisar los crímenes atroces del franquismo en su país, desde la desaparición de personas a la apropiación de niños. El principio de jurisdicción universal se consagró con él y actuó dándole a los tratados internacionales y al derecho humanitario su jerarquía normativa.

Su persecución no puede traer la involución que se pretende, y urge defender la vigencia plena del derecho internacional y de los derechos humanos. Hay en el mundo una disputa entre quienes defendemos el derecho de los pueblos a la aplicación universal de la ley y el juzgamiento de los crímenes en cualquier sitio del planeta, y quienes utilizan los lugares sin ley para concretar sus objetivos económicos y de dominación sin ser juzgados.

Acompañamos a nuestro colega de la Comisión Provincial por la Memoria, solidarios con él, rechazando las maniobras que buscan la impunidad en España, y porque la condena a Baltasar Garzón es un ataque a la democracia, la verdad, la justicia y la memoria

Una afrenta universal

El condenado es español, andaluz para más señas. Se le nota al hablar, en el modo de resolver ciertas consonantes o cuando nombra a la “libertáz” o a la “dignidáz”. Le gusta el fútbol (arquero fue en su juventud y a veces reincide) y también los toros. Es un referente de la Justicia universal, un faro de conciencia en muchos países, por ejemplo en estas pampas.

¿Hubiera llegado la reivindicación de los derechos humanos en Argentina al punto que llegó sin la irrupción hidalga de Baltasar Garzón? Este cronista supone que no, asumiendo que cualquier ejercicio contrafáctico es incorroborable. Lo que es indiscutible es que Garzón forma parte de la historia de la búsqueda de justicia frente del terrorismo de Estado, que merece un capítulo o algo más. Que es un modelo para las más nobles militancias de nuestra historia. En lo jurídico, un hacedor de jurisprudencia notable que recogieron jueces de estos lares.
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La década del ’90 no sólo fue oscura por la entrega del patrimonio nacional y el desmantelamiento del Estado benefactor. También redondeó un retroceso fenomenal en la odisea en pos de memoria, verdad y justicia. La aparición del magistrado que reabrió las causas cerradas acá por estulticia, obediencia debida e indultos, dinamizó los movimientos de derechos humanos. Les dio de nuevo voz a las víctimas, las acostumbró a un peregrinar por tribunales de varios parajes del globo. Fue el pionero, el más decidido. Cada quien resolverá si fue el mejor, está entre ellos.

Sucesivos gobiernos argentinos le dieron la espalda con argumentos banales y cobardes. El menemismo, por razones evidentes. Lo copió la Alianza, aunque se suponía que venía para purificar y para luchar contra la corrupción. El señor Juez pidió extradiciones, le fueron negadas. La Argentina ya no era sólo custodio de la impunidad de los genocidas: devino el aguantadero del que éstos no podían salir si no querían ser llevados al banquillo.

El dictador Augusto Pinochet fue menos prevenido.

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No bien supo que Pinochet “paraba” en suelo británico, Garzón se mandó a su despacho y comenzó a escribir un pedido de extradición. Corría contrarreloj, debía actuar con sigilo. Comidió a uno solo de los empleados de su juzgado, comenzó febrilmente a dictarle el exhorto en cuestión. Le cabía ser veloz y riguroso, no buscaba repercusión fácil sino la aprehensión del criminal. En un momento, ya de madrugada su colaborador, impresionado, le preguntó: “Señor ¿ese hombre que estamos requiriendo es el que yo estoy pensando?”. El cronista le escuchó esta anécdota al mismísimo Juez que la contó riendo, porque tiene su sentido del humor y ama lo que hace o hacía.

El Parlamento británico admitió la extradición. La sesión de los Lores se vio por la tevé argentina, el cronista la miró, se emocionó, pensó el fallo en clave local: en las víctimas, en los compañeros que ya no están, en las Madres y las Abuelas. Esa tarde, en la reunión de edición de este diario, se brindó con champagne. Créame, lector, que no lo hacemos ni todas las semanas, ni todos los meses ni todos los años.

Un juez español con cojones y saber que persigue (en buena ley) a un dictador chileno, la autoridad política de otro país interviniendo, la repercusión en la Argentina... el ejemplo es para este escriba una buena viñeta de lo que es la Justicia universal.

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En 2003, con (muy) otro gobierno en la Argentina, Garzón volvió a la carga. La reacción del presidente Néstor Kirchner no fue un nacionalismo de opereta ni un cajoneo aduciendo cuestiones de competencia judicial. Fue acelerar lo que ya tenía en miras: la revocación de las leyes de la impunidad, la restauración de la Justicia.

Las víctimas sobrevivientes pudieron replicar sus testimonios en los tribunales cabalmente competentes, donde debía ser.

Habían pasado menos de dos años desde la caída de Fernando de la Rúa. El cambio nada tuvo que ver con el viento de cola o el precio de las commodities. Fue política pura: otra posición ideológica, otro compromiso con las instituciones y las leyes.

Cada cual evaluará cuánto incidió el obrar de Garzón, nadie puede negar que mucho.

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Se metió con criminales de toda laya: los terroristas de Estado sudamericanos, la ETA, los parapoliciales GAL de su país. Cuando quiso explorar los crímenes del franquismo traspuso una raya, no se lo perdonaron. Lo asediaron con causas amañadas ante tribunales parciales, que lo odian. Ayer recayó la condena en una de ellas.

La escena de un Tribunal desdoroso, muy inferior a la persona que condena, es un clásico de la historia universal. La nómina de los acusados es interminable, mencionemos un puñado: Sócrates, Galileo Galilei, Nelson Mandela. No son casos idénticos pero hay un patrón común. La pena impuesta a Garzón es tremenda, una afrenta universal: le troncharon la carrera como magistrado, nada menos.

Cuando Fidel Castro era un joven revolucionario, alzado en armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue apresado y llevado ante un tribunal. Su alegato célebre terminaba con frases indelebles: “Me apiado de vuestras honras y compadezco la mancha sin precedentes que recaerá sobre el Poder Judicial. (...) Condenadme, no importa, la historia me absolverá”.

A Garzón la historia ya lo absolvió, refutando a los jueces que lo sancionaron, dignos émulos de la Santa Inquisición. Ese hombre digno es un ejemplo, una referencia luminosa mucho más allá de España. Un ciudadano del mundo, que suma a otros méritos ser un importante protagonista de la mejor historia argentina.

 Por Mario Wainfeld

miércoles, 8 de febrero de 2012

Garzón, "con la conciencia tranquila"

Memoria Pública

Garzón, "con la conciencia tranquila" porque actuó para evitar "el olvido"
El juez dice tener "la conciencia tranquila". El fiscal elogia "el atrevimiento" de Garzón y la defensa pide su absolución


El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En su intervención final Garzón aseguró que su conciencia "está tranquila" porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas para evitar "el olvido".

En su turno de última palabra el magistrado citó al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que "el tribunal del hombre es su conciecia". El juez reiteró que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.

"Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", afirmó Garzón.

El juez, para quien el sindicato ultra Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, recordó que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Garzón : "La obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos"

Recordó que una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia.

"Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas", añadió.

Concluyó Garzón que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito enmarcó la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos "hechos criminales masivos que tienen carácter permanente", ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos".

Así, Garzón afirmó que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

El fiscal recordó los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente a la que aún no se le ha puesto el punto final"

Antes de que hablara el juez, la Fiscalía mosotró sus dudas sobre las verdaderas intenciones del sindicato ultra Manos Limpias al querellarse contra Baltasar Garzón por prevaricación y se preguntó si, de haber sido otro juez el que hubiera investigado los crímenes del franquismo, la acusación popular habría actuado del mismo modo.

Tras admitir que el acusado "no es un juez al uso" y recordar el "extraordinario protagonismo" adquirido por éste tras instruir causas de gran trascendencia mediática y perseguir el terrorismo, la corrupción y a "dictadores del Cono Sur americano", el fiscal se ha preguntado si "esa preocupación de Garzón por investigar determinados delitos" está detrás de las querella contra él.

Navajas solicitó la absolución de Garzón, ha dicho también que el acusado abrió una investigación sobre "los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española" y destacó que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente" a la que aún no se le ha puesto "el punto final".
 
Paracuellos
El abogado defensor de Garzón solicitó la libre absolución de su representado y defendió que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicmente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.

Gonzalo Martínez-Fresneda, que se extendió durante dos horas en la exposición de su informe final, comenzó su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.

Desde el punto de vista político, dijo la defensa, ambos acontecimintos son "igual de repugnantes, con episodios tristes, trágicos, delictivos y criminales, pero jurídicamente no tienen parangón". Entre otras diferencias, indicó que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible —"sabiendo que una muerte no se puede reparar"—, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.

A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a "introducir por la puerta falsa y en fraude procesal" este elemento que ha quedado "sin género de dudas" fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con "absoluta sumisión" lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.

Según Gonzalez-Fresneda, la querella interpuesta en 1998 formó parte de una "contraofensiva" por haber aceptado la Audiencia Nacional hechos relativos a las desapariciones de Argentina o el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet.

En todo caso, el juez no aceptó la querella, que no aludía a delitos de genocidio o lesa humanidad, por errores "formales y su mala elaboración" y, por lo tanto, no aplicó la Ley de Amnistía de 1977 ni declaró prescritos los hechos expuestos

Las víctimas explican ante el Supremo que esperan de la Justicia argentina lo que les niega la española

"Si tiene que ser una jueza argentina la que asuma la de investigación de estos crímenes, pues que sea", declara a preguntas de un testigo del fiscal

ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid 08/02/2012
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ayer, declarando en el Supremo

Sólo el penúltimo de la decena de testigos que han declarado en el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Baltasar Garzón ha merecido una pregunta del fiscal de Sala Luis Navajas. “¿Dice que está personado en un proceso de investigación en Argentina? ¿Y qué se investiga allí?”, se interesó el representante del Ministerio Público, que niega que el juez de la Audiencia Nacional cometiera prevaricación cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Fue mientras declaraba Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A preguntas de la defensa de Garzón, que en esta causa ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, Silva aseguró que su intención al acudir a la Audiencia Nacional fue que “la Justicia actúe con todas las consecuencias” frente a estos crímenes de lesa humanidad.

“Las exhumaciones ya las llevamos haciendo años, aunque debería ocuparse el Estado, pero ese es un problema aparte. Lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen; cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y lo tiran en una cuneta. Eso tiene que tener alguna respuesta de la Justicia”, aseguró.

Por eso, señaló ya a preguntas del fiscal, su asociación no ha dudado en aportar en el procedimiento abierto en Argentina toda la información que ha obtenido sobre la desaparición forzada de víctimas del franquismo. Explicó que, en aplicación del principio de justicia universal, “el proceso puede ser bidireccional”, y al igual que ocurrió en España con los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina en 1998, si ahora “tiene que ser una jueza argentina la que asuma la responsabilidad de investigar estos crímenes”, bienvenido sea, vino a decir el testigo.

Un testigo relata cómo mataron a su padre por dar comida a los maquis

Silva, cuyo abuelo estuvo 64 años desaparecido hasta que hallaron sus restos en una fosa, recreó ante los siete magistrados que juzgan a Garzón la atmósfera de miedo y silencio con la que han convivido las víctimas del franquismo. Afirmó que a su abuela nunca la oyó nombrar a su abuelo y que, en 2000, cuando exhumaban unos restos, la hija de un desaparecido le confesó a un familiar suyo que nunca había hablado de lo que le había ocurrido a su padre ni siquiera con su hermana.

"La consigna era que de los rojos no quedara ni rastro", dice un historiador

“Estas familias ni siquiera han tenido la conciencia de víctimas, de que les han hecho un daño que no era inevitable en una guerra. Han visto cómo se reparaba a las víctimas de las hordas marxistas y les daban trabajo en la Administración. A ellos no les daban nada”, lamentó Silva, antes de señalar que él todavía fue educado para silenciar lo que le pasó a su abuelo.
“Les tuvo que dar”

También compareció ayer como testigo Antonio Solsona, de la Asociación de Memoria Histórica de Castellón, quien relató cómo el 4 de octubre de 1947 el mando de la Guardia Civil Maximino Lobo se llevó a su padre y a un vecino y nunca volvieron a ser vistos. El testigo negó que su progenitor tuviera relación con el maquis. “Lo único es que tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida. Poca o mucha les tuvo que dar”, señaló Solsona.

A la pregunta de si sabía lo que le ocurrió, respondió: “Saberse... Que está muerto, pero el cadáver nunca lo hemos recuperado”.

El último testigo en declarar fue Antonio Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria, quien en el libro Rescatados del Olvido (incluido en la denuncia que el colectivo presentó en la Audiencia Nacional) reflejó la investigación que ha realizado durante 30 años sobre la represión en Santander, desde el verano de 1937, cuando cayó la ciudad. ¿Su principal conclusión? Que “había una norma, una consigna, que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro”. Es decir, se les ejecutaba y simultáneamente se les hacía “desaparecer jurídicamente”.

Manos Limpias fracasa en el intento de aplazar sus conclusiones al lunes

Ontañón explicó que el jefe del piquete iba a prisión a las seis de la mañana a recoger a entre 13 y 16 presos, lo que coincide con la capacidad de los camiones utilizados. Se les fusilaba en “la tapia oeste del cementerio” y eran enterrados de centenar en centenar en fosas. “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres cada una”, aseveró.
Visto para sentencia

El juicio quedará hoy visto para sentencia, después de que las partes expongan sus informes de conclusiones. La acusación que ejerce Manos Limpias, que provisionalmente pide 20 años de inhabilitación para el juez, intentó que la vista se aplazara al lunes apelando al gran volumen de prueba documental aportada por la defensa.

“Nadie quiso ayudarnos. Teníamos 10, 5 y un año, pero éramos rojos. Peligrosos”

Al padre de Felipe, alcalde socialista de Valdetorres, lo fusilaron
Su madre fue liberada, pero murió al poco tiempo

Siete relatos del horror del franquismo

Felipe Gallardo y su hija Purificación, en su casa de Móstoles. / CARLOS ROSILLO


“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco. Éramos rojos, peligrosos”.

Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y comida. No quiso llevárselos a su casa.

    No queremos venganza, sino justicia

Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.

Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se quedaron con los abuelos.

A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940 ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...”.

Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo mismo”.

    Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...

Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se la llevó y logró salvarla”.

Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver. Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”, cuenta Felipe.

Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas con las que se ganaba la vida.

Para entonces, aquella familia tenía a ocho miembros asesinados y arrojados a fosas y cunetas, el mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi abuelo, a mi padre, a cuatro tíos, a mi prima y a su madre”, relata Felipe Gallardo. “A ellas dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben dónde están los cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. El hermano pequeño de Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la guerra, trasladado al campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los Caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda cómo un día quiso llevarles al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de entrar en aquel sitio”.

“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres, descargas eléctricas...”, relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en España en los sesenta seguía siendo ‘hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera gustado contar su historia en el Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en el mensaje de todos: “No queremos venganza, sino justicia”

Natalia Junquera Madrid 7 FEB 2012

martes, 7 de febrero de 2012

Las víctimas de Franco denuncian ante el Supremo que la Justicia no les apoya

Los testigos relatan ante el tribunal que juzga a Garzón cómo han acudido a los juzgados cada vez que han hallado una fosa sin lograr que los magistrados se personen, tal y como fija la ley al tratarse de restos humanos con signos de violencia

Una a una, las víctimas del franquismo propuestas por el juez Baltasar Garzón exponen ante el Tribunal Supremo por qué y cómo acudieron a la Audiencia Nacional en un inten-to más de reclamar verdad, justicia y reparación para esos familiares que les arrebataron en los primeros momentos de la Guerra Civil.

La primera de los testigos de ayer, Olga Alcega, expresó con contundencia el sentimiento de todos. Su deseo de saber "la verdad" de lo que le ocurrió a su abuelo y marcó a su familia. Para ello, insistió en los distintos intentos que su asociación, ubicada en Navarra, ha protagonizado para que los jueces acudan a las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil, igual que hacen cuando se encuentra cualquier resto arqueológico en una ciudad. Nunca lo han logrado.

El TS escucha hoy a los últimos testigos de Garzón y la vista podría acabar mañana

Hoy está previsto que declaren los tres últimos testigos. Antonio Solsona, Emilio Silva y Antonio Ontañón serán quienes cerrarán los testimonios solicitados por Garzón para tratar de defenderse del delito de prevaricación por el que la acusación que ejercen juntos el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraconservador, solicita una pena de 20 años de inhabilitación para el magistrado.

Finalmente, de la veintena de testigos solicitada por Garzón hace casi dos años cuando presentó su escrito de defensa, sólo habrá comparecido con los previstos hoy una decena ante los siete magistrados que le juzgan por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El fallecimiento de uno de ellos, la enfermedad de varios y la necesidad de ajustar y racionalizar un calendario que amenazaba con que el juicio se alargara en exceso ha llevado a la defensa a renunciar al resto, como anunció que haría cuando comenzó la prueba testifical.

La sentencia tendrá que decir algo sobre los horrendos hechos denunciados

El número de testigos no influirá en la Sala, porque todos los que han comparecido han coincidido en lo fundamental. Con unas u otras palabras contaron al tribunal presidido por Carlos Granados que desde que se llevaron a sus padres o abuelos de sus casas no volvieron a saber de ellos, lo que entienden que es constitutivo de un delito de detención ilegal que se sigue perpetuando en la actualidad, porque no puede considerarse prescrito, ni es amnistiable, como ha determinado la justicia en distintos países, incluida España, donde se condenó a Adolfo Scilingo por los crímenes de la dictadura argentina.

Todos ellos acabaron acudiendo a la Audiencia Nacional, porque tanto al principio de la democracia como desde que en 2000 se constituyeron las asociaciones no han dejado una puerta sin llamar para tratar de esclarecer lo que le ocurrió hace 74 años a sus seres queridos

“Sé hasta la matrícula del verdugo. Lo que quiero es a mi madre”


Silva estaba citado a declarar mañana en el Supremo pero una enfermedad le impide acudir

 Natalia Junquera

María Silva era pobre y analfabeta. Nunca había salido de su pueblo, Casas Viejas (Cádiz). Pero a los 17 años, el 11 de enero 1933, se convirtió en un mito. Ese día perdió a seis miembros de su familia, tiroteados y abrasados en la choza de su abuelo, Curro Cruz, Seisdedos, tras una revuelta de campesinos anarquistas, y perdió también el nombre, porque, tras sobrevivir a la masacre, todos empezaron a llamarle La Libertaria. El diario Abc, que la visitó cinco días después, en la cárcel, reseñaba: “Tiene 18 años [en realidad le faltaban tres meses para cumplirlos] y es bastante agraciada. (...) Tiene todo su indumento sucio y haraposo. Nos pide que se le compren medias y alpargatas negras”. A los 21 años, con un hijo de 13 meses y embarazada de seis meses, estaba muerta.

“Los golpistas la mataron a unos 30 o 40 kilómetros del pueblo de Paterna. No se sabe dónde”, relata Juan Pérez Silva, que no puede acordarse de ella, porque a los 13 meses no se tienen todavía recuerdos, pero que no ha dejado de buscarla.

La barriga de su madre no disuadió a los pistoleros. Ni para matarla, ni para torturarla. “La amarraron a una reja y abusaron de ella”, cuenta su hijo, que ha ido enterándose de estos dolorosísimos detalles a medida que los testigos perdían el miedo a hablar. “Yo me he hecho el tonto toda la vida, pero en un pueblo chico, todo se sabe. Y todo esto pasó en un sitio donde no hubo frente de guerra. Aquí se trataba de sembrar el terror para dominar a la gente”.

Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres

Juan Pérez Silva estaba citado a declarar en el juicio contra Baltasar Garzón mañana, para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre. Pero tiene 76 años y una grave enfermedad le impide acudir. “Me hubiera encantado poder decirles a los magistrados del Tribunal Supremo que ya va siendo hora de que se haga justicia. Y que no quiero que me digan quiénes fueron los verdugos, porque me sé hasta su número de matrícula del coche. Aquí todavía viven muchos. Hijos de los que mataron a mi madre son mis amigos, porque los hijos, que no lo olvide nadie, no pueden escoger a sus padres. Yo no quiero venganza. Yo lo que quiero es lo mío: los restos de mi madre. Y que me digan cómo murió. La única cosa que yo he deseado en la vida ha sido darle un entierro digno, con banda de música, y tener un sitio para llevarle flores cuando yo quiera”.

A su madre la mataron al principio de la Guerra Civil y a su padre, sindicalista de la CNT y director del periódico Cartagena Nova, el último día de la contienda. “Se habían conocido en la cárcel de Cádiz. Mi padre medió para que la liberaran después de la matanza de Casas Viejas porque era menor. Y lo consiguió: la dejaron libre (...) A mi padre lo mataron al final de la guerra. Lo sacaron de la redacción del periódico y lo fusilaron en Cartagena. Está en una fosa común, pero sé dónde. A mí me gustaría volver a juntarles”.

Juan Pérez Silva se crió con la cuñada de su madre. “En la Guerra Civil y la dictadura mataron a 26 de mi familia”, relata.

No solo lleva toda la vida batallando para encontrarla, también para que inscribieran su defunción en el Registro Civil. Juan Pérez Silva se gastó unos 2.000 euros para publicaciones de anuncios en periódicos y otros trámites. El juzgado de Chiclana se hizo de rogar, pero finalmente María Pérez Silva fue dada por muerta en junio de 2011, 74 años después de haber sido fusilada.

Juan Pérez Silva asegura que no entiende lo que le está ocurriendo al juez Baltasar Garzón, que admitió a trámite la denuncia que presentó en 2007. “Pero yo confío en la justicia”, añade enseguida. “Sigo esperando mucho de ella”.

Si la fase documental finaliza hoy, el juicio previsiblemente quedará visto para sentencia mañana, tras los informes de conclusiones de las partes. Esa sentencia no sólo servirá para absolver o condenar a Baltasar Garzón, porque, independientemente de la decisión que adopte, obligatoriamente tendrá que pronunciarse sobre los crímenes que ha escuchado estos días de boca de sus víctimas y aclararles si pueden esperar algo de la justicia.

Mientras tanto, el juicio sigue despertando el interés internacional. Ayer dos miembros de la Fundación sueca Harald Edelstam, en defensa de los derechos humanos, asistieron a la vista en el Tribunal Supremo.

viernes, 3 de febrero de 2012

Fusilado por dar pan y huevos a los maquis

Pedro Solsona tenía cinco hijos, uno de ellos contará su historia en el Supremo
Natalia Junquera Madrid 2 FEB 2012 -

Antonio Solsona muestra una fotografía de su padre, Pedro, fusilado en 1947. / ÁNGEL SÁNCHEZ



A Pedro Solsona no le interesaba la política. No era de izquierdas ni de derechas. Sus únicas preocupaciones eran la tierra que había heredado en Vistabella (Castellón), su mujer y sus cinco hijos. Vivían aislados. “Solo teníamos tres vecinos y las noticias eran lo que te contaran ellos”, relata Antonio, su hijo, de 65 años. La Guerra Civil quedaba lejos. “Casi ni la sentimos”. Terminada la contienda, siguieron con sus vidas: su tierra, sus gallinas... hasta una noche de julio de 1947, en que recibieron una visita inesperada.

“Eran una docena, armados hasta los dientes. Dijeron que eran maquis y pidieron comida. Mis padres les dieron patatas, pan, huevos… Volvieron cuatro o cinco veces más. Se preparaban la cena, la pagaban y se iban. Alguna vez durmieron en el pajar”, relata Antonio. Las cenas con los maquis llegaron a oídos de un hombre al que los Solsona no temían porque entonces todavía no habían oído hablar de él: el capitán Lobo.

“Maximiliano Lobo era el capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Lucena. Se presentó en casa y dijo que se llevaba a mi padre detenido. También tenía al vecino, Manolo”. El barbero del pueblo fue el último en verlos con vida. “Fue a afeitar al cuartel y vio a mi padre con la cara desfigurada. Le habían torturado”, relata Antonio, entonces un bebé.

A los tres días, el capitán Lobo subió a Pedro y a Manolo a un camión para trasladarlos a la cárcel provincial. “Pero en medio del camino les dijeron que se bajaran y los mataron. Los dejaron allí tirados. El bus que baja a Castellón pasó por allí y gente que iba dentro reconoció a mi padre”.

El capitán Lobo llamó desde el pueblo más cercano a la comandancia para decir que había dejado dos cadáveres en el camino. Que los detenidos habían intentado escapar y los había matado. “Eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, pero es mentira”, cuenta Antonio. “Un pastor y su hijo lo habían visto todo: cómo se paraba el camión y cómo les disparaban una ráfaga de tiros”.

La familia supo luego, cuando Pedro Solsona ya estaba muerto, que el motivo de la detención eran aquellas patatas, pan y huevos que habían dado a los maquis. Y entonces sí, empezaron a oír hablar del capitán Lobo. “Quería que todo el mundo le tuviera terror. Daba palizas sin motivo a los pastores, y a mitad de la paliza paraba a descansar y fumar un cigarro. ‘Yo no tengo prisa’, les decía. No era muy alto, ni muy fuerte, pero estaba lleno de odio”.

Mucha gente supo lo ocurrido el mismo día, porque los cuerpos pasaron varias horas en la carretera y los vieron. “Pero a mi madre tardaron un mes en comunicárselo. La llamaron al cuartel: ‘Su marido está muerto por colaborar con la guerrilla’. Eso fue todo”. Esta es la historia que Antonio relatará en el Supremo la semana que viene. Como tantos otros, no sabe dónde fueron a parar los restos de su padre.

jueves, 2 de febrero de 2012

Tribunal Supremo 75 años después

El Tribunal Supremo acogió este miércoles por primera vez las voces de la memoria de las víctimas del franquismo, aquellos niños del 36, hoy ya octogenarios, que evocaron cómo un día se llevaron de casa a sus padres, a los que nunca volvieron a ver. Fueron testimonios emotivos, estremecedores, de aquellos que fueron a pedir justicia a la Audiencia Nacional porque antes nadie les había hecho caso. Ante el tribunal reprodujeron sus historias como testigos de la defensa del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a los 20 años de inhabilitación que exige para él el pseudosindicato del ultraderechista Miguel Bernard, por investigar los crímenes del franquismo.
Junto a las víctimas, un historiador que ha investigado la Memoria Histórica sostuvo que al menos desde un año antes a 1936 existía un “plan sistemático” para eliminar a representantes del Gobierno legítimo de la Segunda República, lo que podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.
Las víctimas tuvieron suerte esta vez. A pesar de sus evidentes limitaciones, pudieron expresarse. En junio de 2009, el anterior tribunal, presidido por Juan Saavedra, despachó con un desabrido “absténganse de perturbar al Supremo”, el intento de alguna asociación de víctimas de “autoinculparse” en la causa abierta a Garzón. El magistrado que presidía el tribunal, Carlos Granados, dejó fluir los testimonios con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir a los testigos, —“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón...” comenzó a decir—, fue atajado con contundencia por Granados: “Aquí es el presidente el que determina que pruebas son pertinentes”, le cortó.
María Martín López, de Pedro Bernardo (Toledo), de sus 81 años, testificando ante los magistrados del Supremo. / ... (EFE)
El testimonio de María Martín, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, resultó el más conmovedor. Enlutada y de pelo cano, la anciana entró en el salón donde se celebra el juicio empujando un andador. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz ahogada y rota, muy difícil de entender. María tenía seis años y vivía en Pedro Bernardo cuando se llevaron a su madre, el 21 de septiembre de 1936. “Le pidieron mil pesetas y como nos las tenía, la echaron a la calle, se la llevaron a Arenas de San Pedro, pero la mataron por el camino. Ese día mataron a 27 hombres y tres mujeres. Solo un hombre se escapó y no lo encontraron”. María describió el lugar donde ella “sabe” que está el cuerpo de su madre, en una fosa cerca de un puente que cruza un arroyo. Todas sus gestiones para recuperarlo han fracasado.
María del Pino Sosa vive en Gran Canaria y, como la anterior testigo, solo conoce a Garzón “de los periódicos y la televisión”. Como representante de la asociación de Arucas denunció, en diciembre de 2006, la desaparición de su padre, al que “se llevaron de casa” junto con otros que no aparecieron. A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, relató: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”. Su madre nunca aceptó una declaración de fallecimiento. “Decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.
Una de las asociaciones que en 2009 quiso autoinculparse junto a Garzón fue la de Ponteareas (Pontevedra). Uno de sus representantes, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, explicó las razones que les llevaron a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional. “Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.
El testigo precisó que acudieron “a la Audiencia Nacional”, no al juez Garzón.
Pino Sosa, de la asociación de la Memoria Histórica de Arucas en Gran Canaria, declarando en el Tribunal Supremo. / ... (EFE)
Como historiador, Gallardo dijo haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia que apuntaban un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República. Sin embargo, han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999. “Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, a archivos de Policía y Guardia Civil podríamos determinar ese plan sistemático, y conocer realmente lo sucedido”, aseguró.
Gallardo explicó que ya en 1978 hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas, pero, a partir del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, el proceso quedó paralizado, porque “el Gobierno socialista decidió aparcarlo”. Luego, en distintos momentos se ha intentado saber qué pasó con los desaparecidos, pero será “imposible” sin una intervención judicial. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica”, dijo. “Pero mientras en otras partes del mundo se han denunciado hechos similares, aquí no”.

“Dijeron que le habían reventado la tripa a mi abuela embarazada”

Josefina Musulén, de la asociación Memoria de Aragón, ha testificado hoy en el juicio
No denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar"
Julio M. Lázaro Madrid 2 FEB 2012

El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido aplaudido por sus seguidores, que habían cola en el vestíbulo a la espera de poder acceder al salón donde se celebra la vista.

Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó que su asociación “recibió llamadas de gente muy mayor que quería saber donde están sus víctimas, que pedían ayuda para encontrar a sus desaparecidos”. Preguntado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, dijo que no denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar. En 2006 creían ya que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional".

Musulén relató que un falangista se llevó a su abuelo y además, a su abuela embarazada. Un hermano de su abuela fue al cuartel de Falange, donde le dijeron que a su abuela “con el tiro de gracia le había reventado la tripa”.

“Mi padre tuvo que vivir con eso toda su vida”, siguió Musulén. “Fallecido el dictador, encontramos a amigos de mi abuelo que pudieron contarnos que a mi abuela la habían ingresado en el hospital y que había dado a luz una niña, y que la niña se la quitaron”. La testigo dijo que llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre: “No hay piedra en Aragón que hayamos podido levantar y que no hayamos levantado”.
 
La siguiente testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, ha dicho que no conoce al juez Baltasar Garzón. Su asociación presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2006, que contenía una relación de víctimas de Mallorca, con un informe histórico de la represión contra la población civil.

La testigo ha explicado que en Mallorca la represión comenzó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Comenzaron con listas preconcebidas las ejecuciones, los asesinatos, las desapariciones...” Su asociación pidió auxilio para encontrar a las personas desaparecidas. Tienen constancia de 3.000 asesinados “que no murieron en combate”. Su asociación tiene documentadas 1.600 personas asesinadas en la isla y más de 50 fosas.

María Antonia Oliver ha relatado que es nieta de una persona desaparecida. “Mi madre, de 87 años, es hija de esa persona. Mi abuela murió y lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las heridas con la verdad y la justicia”.

“Mi madre le llevaba la comida y un día de la primavera del 1937, le dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la prisión, los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabía dónde iba. Les esperaba una fuerza armada y Falange y les llevaron directamente a la muerte”, siguió al testigo. “Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca muerto. Las dijeron que era un rojo y un cobarde, que habría huido con otra mujer y les habría abandonado”.

La testigo concluyó diciendo que si su asociación utilizó la expresión “crímenes contra la Humanidad” en la denuncia es porque siempre han estado asesorados de abogados, que les dijeron que en Argentina y Chile habían salido adelante las investigaciones por ese delito de crímenes contra la Humanidad.

«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»

María Martín López, de 81 años
Por primera vez, víctimas del franquismo relatan al Supremo cómo fueron asesinados sus padres
"En la Audiencia Nacional nos dijeron que las desapariciones no habían prescrito", comentan
Un historiador dice que el Gobierno de González paró la búsqueda de desaparecidos tras el 23-F
«Fuimos a la Audiencia Nacional en busca de justicia»

Emilio Naranjo (Efe) | Vídeo: Atlas
Nunca antes las víctimas de los crímenes del franquismo habían declarado como testigos ante un tribunal español. Esta mañana han tenido la oportunidad de hacerlo ante el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, dentro del juicio contra Baltasar Garzón por su presunta prevaricación en la investigación de estos hechos.
De forma contundente y brutal, dos de los testigos reclamados por la defensa del juez han explicado al tribunal cómo desaparecieron sus padres y un tercero, el historiador gallego Ángel Rodríguez, relató la batalla legal que emprendieron en los años ochenta para que la justicia facilitara la búsqueda de desaparecidos.
Pino Sosa, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Araucas (Gran Canaria), ha explicado que acudieron a la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 "en busca de justicia" y que, meses más tarde, les dijeron "que las desapariciones denunciadas no habían prescrito". Sosa, de 75 años, ha recordado que junto a la denuncias aportaron un listado con medio millar de desaparecidos y narró como "los nacionales" se llevaron a mi padre de casa en 1936 y "jamás" lo volvió a ver. "Aún lo sigo buscando. Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba mi madre", ha dicho.
"Ninguna administración había hecho nada"
Antes, María Martín López, de 81 años y representante de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Gredos (Ávila), ha contado que a su madre la mataron el 21 de septiembre de 1936, cuando ella contaba con apenas 6 años y dos meses de edad, y que sabe dónde está enterrada, "pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima". Según Martín, visiblemente afónica y enlutada, hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho "nada" por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese haberse dirigido por carta a muchas de ellas.
Más técnico, el historiador Ángel Rodríguez, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), ha señalado que el contenido de su denuncia relataba un plan sistemático de eliminación y genocidio perpetrado entre 1969 y 1939, y que querían conocer cómo se habían producido las muertes y conocer dónde estaban las personas desaparecidas. "Creímos que sólo se podía hacer a partir de una intervención judicial, de ahí que acudiéramos a la Audiencia Nacional", ha defendido el historiador.
Sin juristas internacionales
Ayer, el abogado del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, reclamó al tribunal que mantuviera las dos citaciones previstas para el jueves (representantes de la memoria histórica de Aragón y Mallorca) y se mostró abierto para que los 17 testigos restantes se agrupen en las sesiones previstas para la próxima semana.
La fase testifical se ha quedado coja y sólo declararán afectados y dos abogados, ya que los juristas internacionales que había reclamado la defensa de Garzón fueron rechazados por la sala. El juez de la Audiencia Nacional, que se enfrenta a 20 años de inhabilitación por prevaricación, quería que pasaran por la vista el juez chileno Juan Guzmán, el argentino Raúl Zaffaronni o la exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, que han instruido casos de crímenes contra la humanidad.
Pero la sala lo vetó. La última vez en un auto de 12 de diciembre de 2010, redactado por el que era ponente de la causa, Adolfo Prego, en el que quedó fijada la prueba que se celebrará en la vista oral. El argumento principal de la negativa era que no aclararían si Garzón prevaricó o no, ya que sus testimonios son "innecesarios" porque sus actuaciones ya constan en las causas correspondientes y, "por otra parte, los jueces y magistrados no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que han intervenido".