El perdón universal es imposible porque el genocidio es imperdonable

(…) Considerad si es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un pan
Quien muere por un sí o un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rama invernal
Pensad que esto ha sucedido (…)

Poema de Primo Levy

Otra vez coinciden temas con acentos distintos pero con similar contenido.

Recientemente se realizó en la ciudad de Madrid, un itinerario de memoria y al igual que en miles ciudades de Europa, se colocaron piedras que interpelan y rompen el olvido: las Stolpersteine, (*) palabra alemana que designa una piedra en el camino que puede hacer tropezar al caminante, un adoquín que se instala frente a las que fueron las viviendas de las víctimas de los campos de concentración nazis.

Estas piedras que reclaman y desmontan el olvido se han sembrado en 24 países del mundo; alrededor de 73.000 de estas piezas evocan a las víctimas del nazismo, del fascismo y ahora también del franquismo.

Alrededor de 9.300 españoles estuvieron presos en los campos de concentración nazis, y más de 7.000 fueron asesinados en ellos.

La instalación de las stolpersteine fue llevada a cabo por familiares y asociaciones memorialistas. En algunos  casos se ha solicitado la autorización municipal, y en otros tantos la memoria no ha esperado permisos para establecer el espacio a quienes el franquismo persiguió, encarceló, deportó, asesinó….

Mientras se plantaban los adoquines de 10cm x 10cm con los nombres de los inolvidables, en Zaragoza el día 2 de mayo, el Partido Popular realizó una proposición que fue secundada por el PSOE y Ciudadanos, instando al Ayuntamiento de esa ciudad que se revoquen los acuerdos adoptados con el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, de cambiar la denominación de calles con nombres de franquistas. Esta demostración de la no aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, da pistas claras de la consideración de los partidos mencionados a las víctimas del genocidio español.

En la otra orilla del océano, se dieron pasos en la lucha por la justicia, enjuiciando a genocidas, recuperando 129 identidades que les fueron arrebatadas durante la dictadura, a menores secuestrados o nacidos en cautiverio, y donde ahora está radicada la querella argentina por los crímenes del franquismo amparada en la justicia universal, como en 1996 se hicieran en Madrid, juicios contra represores argentinos que estaban protegidos por leyes de impunidad.

Quedan temas pendientes, muchos se entrecruzan, otros se refuerzan… por esto de las diferencias que nos igualan. Por una parte en ambas orillas, persiste el debate sobre genocidio, en lo jurídico por incapacidad de los códigos penales que no recogen condenas, y en lo político, en la ceguera moral de que nadie puede perdonar por lo sufrido por otra persona, el perdón universal es imposible porque el genocidio es imperdonable. Como lo es para muchas de las víctimas y familiares de las víctimas, el uso de los edificios de lo que fueran centros clandestinos de detención y exterminio, parte del mismo manejo y banalización del sufrimiento instrumentado partidariamente.

Y en este devenir del encuentro están por un lado, los que hacen bloque para frenar una ley reparatoria como lo es en España la de Memoria histórica, y los que  la utilizaron en campaña electoral y que una vez en las instituciones pronto reforzaron a los herederos del franquismo. Y,  por otro, en Argentina, desde instancias judiciales se someten a las directivas negacionistas del gobierno de Macri, concediendo libertades a genocidas enjuiciados y  condenados.

En ambas situaciones es la impunidad la que se instituye.

Pero en ambos lados resuena el poema de Primo Levy, porque se sabe que ambos genocidios sucedieron y porque aún queda que la justicia repare a cada unx de las víctimas condenando a todos y cada uno de los verdugos y cómplices.

Andrea Benites-Dumont.

Mayo 4, 2018.

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(*) Se trata del proyecto del artista alemán Gunter Demmig, de poner las  stolpersteine  en todos los países que han sufrido los ataques del nazismo,  y España es un caso muy concreto

Comunicado de repudio contra la reconciliación

Las querellantes en la causa por los crímenes del franquismo, repudiamos las declaraciones hechas por Monseñor Jorge Casaretto instando a que en Argentina comience un proceso de "reconciliación" proponiendo "desandar esa ecuación de tanta justicia".

 
Como argentinas estamos orgullosas de los procesos de justicia que se van llevando a cabo a lo largo y a lo ancho del país. Verdad y justicia van de la mano y es la sociedad misma la que genera estos espacios de construcción de Memoria Histórica, apoyando los juicios por delitos de lesa humanidad para que los genocidas tengan la sentencia que merecen por tan aberrantes crímenes, dejando de lado todo sentimiento de venganza..

 
Lamentablemente en nuestro caso, llevamos casi ochenta años de impunidad en España. Seguimos luchando desde nuestro país con la única querella presentada en el mundo como puerta de esperanza para la investigación de los asesinatos de nuestros familiares y de miles de fusilados cuyos cuerpos aún se hallan enterrados en las cunetas, condenados al olvido por medio del Estado que no se ocupa de echar luz ni de investigar un verdadero genocidio silenciado..

 
Como cristianas, fieles a los ideales del Evangelio y a nuestros mártires, no podemos dejar  pasar por alto declaraciones que no tienen nada que ver con los principios de Memoria, Verdad y Justicia por los que luchamos día a día. No aceptamos la "teoría de los dos demonios" que tanta injusticia ha generado, y en nombre de nuestros abuelos, cuyos sueños heredamos, levantamos nuestras voces para que  en ningún lugar del mundo ningún ser humano tenga que padecer secuestro, tortura y muerte por defender una ideología contraria a los poderes opresores de turno.

Inés García Holgado - Adriana Fernández

(Querellantes argentinas en la causa por los crímenes del franquismo)

El Gobierno español no ordenará la detención de ex ministros franquistas cursada por Interpol

La  orden afecta a veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes del franquismo
Entre ellas están los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa

La sección de Interpol radicada en Argentina ha cursado una comunicación "muy urgente" a su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini por crímenes del franquismo, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina, suegro del también exmiembro del Gobierno Alberto Ruiz Gallardón, y Rodolfo Martín Villa.

Así lo expone en un escrito, recogido por Europa Press, presentado ante el juzgado del que es titular María Servini de Cubría en el que le pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito "indispensable" para emitir una orden de captura internacional completa y evitar detener a personas con su mismo nombre, "casos de homonimia", dice.

No obstante, dentro del mercado de la cooperación policial internacional existente con los colegas españoles, Interpol Argentina ya ha reclamado que proporcionen la totalidad de los registros filiatorios que posean sobre los investigados.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló horas después de conocer la comunicación que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 acusados por la justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo, al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.

El ministro avanzó a los medios en el Congreso que con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares "la resolución será muy equivalente", es decir, "denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía".

Rechazo masivo a las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde

PLATAFORMA ARGENTINA DE APOYO A LA QUERELLA POR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

  

Los abajo firmantes, asociaciones, ciudadanas y ciudadanos que adherimos a la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella por los Crímenes del Franquismo que tramita en nuestro país en el Juzgado Federal Nº.1 a cargo de la Dra. Servini de Cubría desde abril de 2010, manifestamos nuestro profundo rechazo a las expresiones vertidas por el ex presidente Eduardo Duhalde el pasado 24 de junio en un programa de la Televisión Pública Española.

 (Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=YO56dHVQ6G4&feature=em-share_video_user).

Sus opiniones resultan agraviantes para las miles de víctimas del franquismo, sus familiares y los querellantes que con gran esfuerzo y tesón continúan firmes en la búsqueda de Justicia y repugnan la conciencia de los hombres y mujeres de vocación democrática y compromiso con los derechos humanos aquí en nuestro país, en España y en todo el planeta.

Sus afirmaciones muestran el desconocimiento absoluto de los avances del Derecho Penal Internacional --que ampara a las víctimas de delitos de lesa humanidad sucedidos en cualquier lugar del mundo en base al principio de Jurisdicción Universal-- y que en España fue aplicado a situaciones de denegación de justicia como en el caso de Argentina, Chile y otros países. Lamentamos profundamente el retroceso actual en la aplicación de dichos principios producido en la legislación española.-

Creemos que no es casual que las afirmaciones de Duhalde hayan sido realizadas a pocos días de la visita de la Jueza argentina a España para recabar testimonios y probanzas, lo que ya de por sí ha sido un principio de reparación para las víctimas que por primera vez pudieron hacerse escuchar y vencer el miedo.

La grieta en el muro de silencio se hace cada vez más grande y aquellos que se han alineado -–aquí o allá-- con la defensa de la impunidad, se han puesto en guardia.

Por ello, ratificamos nuestro compromiso:

AYER POR NOSOTROS, HOY POR VOSOTROS!

Buenos Aires, julio de 2014.-

SE AGRADECE DIFUNDIR

ADHIEREN:

1 - Organizaciones: AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre); MADRES DE PLAZA DE MAYO LINEA FUNDADORA; MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos); SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia); A.A.A.(Asociación Argentina de Actores – Consejo Integral); A.A.B.A. (Asociación de Abogados de Buenos Aires); A.A.L. (Asociación de Abogados Laboralistas); Agrupación Federico García Lorca; Asociación Civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género; C.T.A. (Central de Trabajadores de la Argentina- Secretaría de Derechos Humanos); Colectivo Exiliados del Plan Cóndor; C.P.M. (Comisión Provincial por la Memoria); Espacio Carta Abierta; Federación de Sociedades Gallegas; Frente de Mujeres K; Granos de Uva en el Paladar (Directoras y elenco artístico).-

2 - Personas: Banegas, Cristina; Baravalle, Mirta; Barcesat, Eduardo; Bayer, Osvaldo; Blasco, Hugo; Blatezky, Arturo; Cañón, Hugo; Capuano, Claudio; Careaga, Ana María; Cortiñas, Nora Morales de; Fernández, Adriana; Gak, Abraham; Galasso, Norberto; García Holgado, Inés; González, Guillermo; Hasenberg, Mónica; Hornos, Susana; Israel, Mirta; Lorenzo, Ana T.; Martinez Betelu, Juan Carlos; Messuti, Ana; Minyerski, Nelly; Narvaja, Aurelio; Nigro, Adolfo; Nuguer, Jaime; Osorio, Elsa; Pérez Esquivel, Adolfo; Repiso, Miguel; Rico, Zaida; Rodriguez, Oscar; Sánchez, Mary; Scaletzki, Matilde; Schiller, Herman; Tavani, Eduardo; Trajtemberg, Héctor; Vásquez, Marta O.; Vigo, Fernando; Zamorano, Carlos; Aguilda, Nélida; Albino, Alicia; Almasia, Anahí; Alonso, Patricia; Bandirali, Julieta; Barca Fernández, Manuela; Barrozo, Sergio Leonardo;  Beccar, Eduardo Darío;  Cernadas Fernández, Josefa; Comande, Cristina; Constante, Liliana B.; Di Caudo, Silvina; Fernández Durán, Noemí; Fernández, Ernesto; Flores, René H.;  García Quiroga, Soledad; Guerra de Apo, Dora;  Huarte, María del Carmen;  López, Beatriz; Mancera, Ester; Mata, Elisa A.; Mateo Leivas, Lidia; Messuti, Alicia;  Molinos, Graciela;  Panebianco, Silvia; Peralta, Alicia; Pérez Axilda, Noemí;  Ramos Marrau, Francisco P.; Rivas, Mirna; Rivas, Ramiro; Ruiz, Adrián; Señorans, Andrés J.; Wilson, Cinthia; siguen las firmas.

Para adherir, enviar un correo electrónico a paqargentina@gmail.com incluyendo nombre y apellido, DNI, ocupación; en caso de organizaciones, nombre completo de las mismas.

10 cosas que deberías saber sobre los crímenes del franquismo

1.- El 18 de julio de 1936 no comenzó una guerra civil. Lo que ocurrió fue que un grupo de militares dio un golpe de estado contra un gobierno elegido democráticamente.

2.- El golpe de estado fue apoyado de forma militar, ideológica y económica por la Alemania de Hitler. Cuando la rebelión no triunfó en todo el territorio, la Alemania nazi empezó a probar su armamento contra civiles indefensos, en un ensayo de lo que haría posteriormente en Europa.

3.- Cientos de miles de personas murieron como resultado de la contienda. Todavía siguen enterradas en fosas comunes más de 100.000 personas, que fueron asesinadas por quienes se levantaron contra el orden constitucional.

4.- La mayoría de las personas que siguen sin identificar en las fosas no había ido a ninguna guerra. Fueron exterminadas dentro de la estrategia del golpe militar de eliminar cualquier posible disidencia y atemorizar al conjunto de la población.

5.- Pinochet confesó su admiración por esta forma de alzamiento militar y la aplicó en Chile. Fue uno de los pocos jefes de Estado que acudió al funeral de Franco.

6.- La represión no terminó en 1939. Los crímenes, torturas y graves violaciones de derechos humanos se prolongaron durante décadas, hasta el final del franquismo. El prestigioso historiador Paul Preston ha señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de estas atrocidades de Estado.

7.- España es el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, por detrás de Camboya. La ONU ha exigido a nuestros poderes estatales que protejan los derechos de los familiares de las víctimas del franquismo.

8.- El Tribunal Supremo consideró que ya no podían ser investigados penalmente los crímenes del franquismo. Remitió a los familiares de las víctimas a la Ley de la Memoria Histórica, para que por parte de la administración pública se procediera a las exhumaciones de los restos mortales. El Gobierno actual paralizó al comenzar su mandato el plan de exhumaciones que se inició en su momento.

9.- Resulta vergonzoso que un Estado democrático mantenga sin identificar y sin una sepultura digna a las víctimas mortales de un régimen totalitario.

10.- Ante esta situación todos podemos hacer mucho. Es perfectamente posible que los muertos por sus convicciones democráticas salgan por fin de las fosas. Generemos un amplio estado de opinión a favor de las exhumaciones. Reclama al Gobierno que respete el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos. No olvidemos a quienes dieron su vida por una sociedad más justa. Pásalo.

JOAQUIM BOSCH
Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

Investigación en Argentina por los crímenes del franquismo

Apoyos a la justicia universal

Se presentaron más de cinco mil adhesiones a la denuncia realizada aquí después de que España cerrrara la causa que tenía el juez Baltasar Garzón. Buscan que la jueza Servini de Cubría comience a tomar declaraciones por videoconferencia.

 Por Rocío Magnani

Más de cinco mil españoles expresaron su apoyo a la megacausa argentina que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el país ibérico entre 1936 y 1977. Las adhesiones a la demanda fueron entregadas a dos orillas: en la embajada argentina en Madrid, con un gran acto hace dos semanas, y –el martes– en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría. Después de que se suspendiera el viaje de la magistrada al estado europeo, la querella busca que Servini comience a tomar testimonio a las víctimas del franquismo a través de videoconferencias antes de fin de año.

La comitiva que entregó las adhesiones en los tribunales de Comodoro Py estuvo encabezada por los demandantes argentinos Darío Rivas y Adriana Fernández, acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Verdad, memoria y justicia es la consigna de nuestros pañuelos, pero también debe ser la de todos los pueblos –destacó Cortiñas–. Las familias españolas quieren saber la verdad y que se castigue a los culpables, y nosotros, los argentinos, sabemos que cuando se cometen atrocidades, la necesidad de que se haga justicia no se calma ni con cien años.”

La causa, que se encuentra en período de instrucción, se basa en los mismos principios judiciales que utilizó el juez español Baltasar Garzón para investigar los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena, y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Fue iniciada en 2010, a partir de la demanda de Rivas por el asesinato de su padre fusilado en 1936, cuando era alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo. La condena y destitución de Garzón –único juez español que se atrevió a tratar de investigar los crímenes del franquismo– generó una gran expectativa a comienzos de este año por la demanda argentina. Las víctimas y militantes de derechos humanos de ese país se volcaron a los tribunales argentinos y, hoy, la causa incluye un total de 40 querellas individuales, otras quince de organismos sociales y más de cincuenta demandas que están por presentarse.

Estaba previsto que la jueza Servini de Cubría viajara a Madrid en septiembre para escuchar los testimonios de un centenar de testigos y víctimas de la represión de la dictadura franquista, pero suspendió el viaje porque el presupuesto asignado por la Corte Suprema era inferior a lo que había solicitado y, según argumentó, no alcanzaba para la tarea. “Así surgió la idea de la videoconferencia”, explicó el abogado Máximo Castex, que ayer entregó una nómina de testigos sugeridos para declarar de ese modo. “La expectativa es que se concreten las declaraciones antes de fin de año. Esto depende no sólo del juzgado sino del Consejo de la Magistratura y de los consulados argentinos en España, desde donde se comunicarían los testigos”, detalló Castex.

Entre quienes están propuestos para declarar se encuentran Mercedes Puig Antich –cuyo hermano Salvador fue ejecutado con un fuerte repudio popular en 1974– y Pedro Fausto Canales, que demanda por el asesinato de nueve militantes del pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila.

Varios de los testigos seleccionados para declarar en una primera instancia han reconocido como “represores y torturadores” a Roberto Conesa y José Antonio “Billy el Niño” González Pacheco. “Estos criminales continúan vivos sin haber sido llamados a declarar ni una sola vez, a pesar de que son reconocidos por cientos de víctimas como sus torturadores”, señaló Castex.

“Ya no se puede perder tiempo”, resalta Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo por parte de un grupo de franquistas que consignaron en su acta de defunción que lo mataban por marxista. “La investigación de estos crímenes ya se dilató por más de 75 años. Se están muriendo las víctimas y los represores sin justicia. Y eso es terrible, porque un pueblo que crece sobre la impunidad no puede avanzar”, asegura. Rivas, por su parte, cumplirá 93 años en febrero, pero no pierde la esperanza de ver que en la Argentina se haga justicia por su padre, Severino. “Siempre confié en este país”, dice, y las cinco mil adhesiones que se presentaron refuerzan su voto de confianza.

Ya se han localizado a algunos de los torturadores denunciados

La juez argentina que investiga los crímenes del franquismo viaja a España para recabar datos
Fuentes de la investigación afirman que ya se ha localizado a algunos de los torturadores denunciados

CARMEN VILLAR - SANTIAGO La causa contra los crímenes cometidos por el franquismo avanza. La juez argentina María Servini de Cubría recibió esta semana por primera vez la declaración, ya no de familiares, sino de un grupo de afectados directos por la dictadura, compuesto por cuatro expresos políticos, la familiar de un asesinado y una representante legal de uno de los últimos fusilados por el régimen. Todos ellos prestaron su testimonio ante el estrado el pasado lunes durante más de seis horas.

No obstante, y pese a que varios de los denunciantes se han desplazado ya al país austral para ofrecer su testimonio personalmente y además la magistrada ha solicitado el envío por parte de las autoridades españolas de todos los datos concernientes a los altos cargos políticos y militares de la dictadura de Franco, esta semana ha anunciado que se desplazará a Madrid probablemente durante el mes de junio para recabar personalmente más información –pruebas y testimonios relacionados con el caso– para llevar adelante la causa.

Como confirma Darío Rivas, uno de los impulsores de la querella en Argentina, hijo de Severino Rivas, alcalde de Loentia (Castro de Rei, Lugo), fusilado en 1936, la magistrada se instalará durante aproximadamente una semana –debido a su apretada agenda, que incluye la presidencia del Tribunal de Buenos Aires– en las instalaciones de la embajada de Argentina en la capital española. "Se instalará allí como un detalle excepcional hacia quienes están en España. Recibirá a la gente que quiera presentarle sus problemas, porque muchos están esperándolo", explica Darío, un lucense de 91 años que promovió la querella en el país austral. A la querella, por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad", después se sumaron, entre otros, una veintena de familias represaliadas en Galicia, que presentaron una lista con más de 5.000 víctimas en la comunidad.

En todo caso, a la magistrada no le faltan testimonios. A los personales prestados el lunes se sumaron cinco casos recogidos por la asociación Goldatu, de Euskadi, y otros 46 presentados por la asociación La Comuna, según explica el emigrante gallego Evaristo Oroña, uno de los impulsores de una plataforma de apoyo al juicio. Fuentes ligadas a la investigación revelaron que han sido localizados algunos de los torturadores denunciados en esta causa.

Los seis declarantes que ha recibido la juez esta semana se encontraban a su llegada, según Darío Rivas, "un poco disminuidos de moral" porque, explica, España lo "tiene todo a la contra". Sin embargo, esa actitud cambió al llegar a Argentina, donde fueron, dice, "muy bien" recibidos. De hecho, la Federación de Sociedades Españolas del país austral les va a rendir hoy mismo un homenaje.

Objetivo: localizar a los exministros de Franco

La jueza Servini de Cubría ha pedido a España información sobre los ministros y altos cargos que ocuparon sus puestos durante el franquismo. Por ello, el pasado mes de diciembre envió un requerimiento a las autoridades españolas. En él reclama "nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange", acompañados del certificado de defunción para descartar a los que han fallecido.

Muchos de los integrantes del régimen franquista ya no podrán rendir cuentas. Manuel Fraga, expresidente de la Xunta, ha pasado a engrosar la lista de quienes no podrán ser juzgados en Argentina. El principal impulsor de la causa, Darío Rivas, defendió durante todo el proceso que el exmandatario debía sentarse en el banquillo, ya que ocupó el cargo de ministro de Información y Turismo.

La Comisión por la Memoria repudia la condena a Garzón

“Se cumplió con el objetivo preparado: separar a un Juez que se atrevió a investigar los crímenes de la dictadura franquista”, se afirmó en un comunicado de prensa.

Garzón visitó a Chicha Mariani cuando estuvo en La Plata en agosto de 2010
La Comisión Provincial por la Memoria (CCPM) repudió hoy la condena a 11 años de inhabilitación al juez español Baltasar Garzón, quien se desempeña como consultor académico del organismo local, y su expulsión de la carrera judicial por investigar los crímenes del franquismo.

La CPM publicó un comunicado de prensa en el que explicó que la “condena por el Tribunal Supremo Español nos consterna, pero no nos sorprende. Se cumplió con el objetivo preparado: separar a un Juez que se atrevió a investigar los crímenes de la dictadura franquista. Este hombre realizó algo intolerable en tanto aplicó la legalidad internacional y el derecho a la verdad de las víctimas, descartando amnistías y pactos de impunidad. Y el poder verdadero le quiso demostrar a él y al mundo, la vigencia del principio de que el ‘poder es impunidad’”.

El comunicado completo dice:

Esta inhabilitación a once años no alcanza sólo a Garzón. Todos los jueces quedan inhabilitados para actuar con libertad para aplicar la ley tanto al débil como al poderoso. Deben domesticarse, no irritar, para no sucumbir frente al sistema de poder.

Nuestro juez, compañero y amigo, fue intenso en su actuación. Investigó el genocidio en Argentina, detuvo al dictador Pinochet, indagó sobre las torturas en Guantánamo y finalmente comenzó a revisar los crímenes atroces del franquismo en su país, desde la desaparición de personas a la apropiación de niños. El principio de jurisdicción universal se consagró con él y actuó dándole a los tratados internacionales y al derecho humanitario su jerarquía normativa.

Su persecución no puede traer la involución que se pretende, y urge defender la vigencia plena del derecho internacional y de los derechos humanos. Hay en el mundo una disputa entre quienes defendemos el derecho de los pueblos a la aplicación universal de la ley y el juzgamiento de los crímenes en cualquier sitio del planeta, y quienes utilizan los lugares sin ley para concretar sus objetivos económicos y de dominación sin ser juzgados.

Acompañamos a nuestro colega de la Comisión Provincial por la Memoria, solidarios con él, rechazando las maniobras que buscan la impunidad en España, y porque la condena a Baltasar Garzón es un ataque a la democracia, la verdad, la justicia y la memoria

Una afrenta universal

El condenado es español, andaluz para más señas. Se le nota al hablar, en el modo de resolver ciertas consonantes o cuando nombra a la “libertáz” o a la “dignidáz”. Le gusta el fútbol (arquero fue en su juventud y a veces reincide) y también los toros. Es un referente de la Justicia universal, un faro de conciencia en muchos países, por ejemplo en estas pampas.

¿Hubiera llegado la reivindicación de los derechos humanos en Argentina al punto que llegó sin la irrupción hidalga de Baltasar Garzón? Este cronista supone que no, asumiendo que cualquier ejercicio contrafáctico es incorroborable. Lo que es indiscutible es que Garzón forma parte de la historia de la búsqueda de justicia frente del terrorismo de Estado, que merece un capítulo o algo más. Que es un modelo para las más nobles militancias de nuestra historia. En lo jurídico, un hacedor de jurisprudencia notable que recogieron jueces de estos lares.
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La década del ’90 no sólo fue oscura por la entrega del patrimonio nacional y el desmantelamiento del Estado benefactor. También redondeó un retroceso fenomenal en la odisea en pos de memoria, verdad y justicia. La aparición del magistrado que reabrió las causas cerradas acá por estulticia, obediencia debida e indultos, dinamizó los movimientos de derechos humanos. Les dio de nuevo voz a las víctimas, las acostumbró a un peregrinar por tribunales de varios parajes del globo. Fue el pionero, el más decidido. Cada quien resolverá si fue el mejor, está entre ellos.

Sucesivos gobiernos argentinos le dieron la espalda con argumentos banales y cobardes. El menemismo, por razones evidentes. Lo copió la Alianza, aunque se suponía que venía para purificar y para luchar contra la corrupción. El señor Juez pidió extradiciones, le fueron negadas. La Argentina ya no era sólo custodio de la impunidad de los genocidas: devino el aguantadero del que éstos no podían salir si no querían ser llevados al banquillo.

El dictador Augusto Pinochet fue menos prevenido.

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No bien supo que Pinochet “paraba” en suelo británico, Garzón se mandó a su despacho y comenzó a escribir un pedido de extradición. Corría contrarreloj, debía actuar con sigilo. Comidió a uno solo de los empleados de su juzgado, comenzó febrilmente a dictarle el exhorto en cuestión. Le cabía ser veloz y riguroso, no buscaba repercusión fácil sino la aprehensión del criminal. En un momento, ya de madrugada su colaborador, impresionado, le preguntó: “Señor ¿ese hombre que estamos requiriendo es el que yo estoy pensando?”. El cronista le escuchó esta anécdota al mismísimo Juez que la contó riendo, porque tiene su sentido del humor y ama lo que hace o hacía.

El Parlamento británico admitió la extradición. La sesión de los Lores se vio por la tevé argentina, el cronista la miró, se emocionó, pensó el fallo en clave local: en las víctimas, en los compañeros que ya no están, en las Madres y las Abuelas. Esa tarde, en la reunión de edición de este diario, se brindó con champagne. Créame, lector, que no lo hacemos ni todas las semanas, ni todos los meses ni todos los años.

Un juez español con cojones y saber que persigue (en buena ley) a un dictador chileno, la autoridad política de otro país interviniendo, la repercusión en la Argentina... el ejemplo es para este escriba una buena viñeta de lo que es la Justicia universal.

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En 2003, con (muy) otro gobierno en la Argentina, Garzón volvió a la carga. La reacción del presidente Néstor Kirchner no fue un nacionalismo de opereta ni un cajoneo aduciendo cuestiones de competencia judicial. Fue acelerar lo que ya tenía en miras: la revocación de las leyes de la impunidad, la restauración de la Justicia.

Las víctimas sobrevivientes pudieron replicar sus testimonios en los tribunales cabalmente competentes, donde debía ser.

Habían pasado menos de dos años desde la caída de Fernando de la Rúa. El cambio nada tuvo que ver con el viento de cola o el precio de las commodities. Fue política pura: otra posición ideológica, otro compromiso con las instituciones y las leyes.

Cada cual evaluará cuánto incidió el obrar de Garzón, nadie puede negar que mucho.

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Se metió con criminales de toda laya: los terroristas de Estado sudamericanos, la ETA, los parapoliciales GAL de su país. Cuando quiso explorar los crímenes del franquismo traspuso una raya, no se lo perdonaron. Lo asediaron con causas amañadas ante tribunales parciales, que lo odian. Ayer recayó la condena en una de ellas.

La escena de un Tribunal desdoroso, muy inferior a la persona que condena, es un clásico de la historia universal. La nómina de los acusados es interminable, mencionemos un puñado: Sócrates, Galileo Galilei, Nelson Mandela. No son casos idénticos pero hay un patrón común. La pena impuesta a Garzón es tremenda, una afrenta universal: le troncharon la carrera como magistrado, nada menos.

Cuando Fidel Castro era un joven revolucionario, alzado en armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue apresado y llevado ante un tribunal. Su alegato célebre terminaba con frases indelebles: “Me apiado de vuestras honras y compadezco la mancha sin precedentes que recaerá sobre el Poder Judicial. (...) Condenadme, no importa, la historia me absolverá”.

A Garzón la historia ya lo absolvió, refutando a los jueces que lo sancionaron, dignos émulos de la Santa Inquisición. Ese hombre digno es un ejemplo, una referencia luminosa mucho más allá de España. Un ciudadano del mundo, que suma a otros méritos ser un importante protagonista de la mejor historia argentina.

 Por Mario Wainfeld

Garzón, "con la conciencia tranquila"

Memoria Pública

Garzón, "con la conciencia tranquila" porque actuó para evitar "el olvido"
El juez dice tener "la conciencia tranquila". El fiscal elogia "el atrevimiento" de Garzón y la defensa pide su absolución


El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo quedó este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo. En su intervención final Garzón aseguró que su conciencia "está tranquila" porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas para evitar "el olvido".

En su turno de última palabra el magistrado citó al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que "el tribunal del hombre es su conciecia". El juez reiteró que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.

"Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", afirmó Garzón.

El juez, para quien el sindicato ultra Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, recordó que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Garzón : "La obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos"

Recordó que una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia.

"Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas", añadió.

Concluyó Garzón que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito enmarcó la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos "hechos criminales masivos que tienen carácter permanente", ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos".

Así, Garzón afirmó que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

El fiscal recordó los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente a la que aún no se le ha puesto el punto final"

Antes de que hablara el juez, la Fiscalía mosotró sus dudas sobre las verdaderas intenciones del sindicato ultra Manos Limpias al querellarse contra Baltasar Garzón por prevaricación y se preguntó si, de haber sido otro juez el que hubiera investigado los crímenes del franquismo, la acusación popular habría actuado del mismo modo.

Tras admitir que el acusado "no es un juez al uso" y recordar el "extraordinario protagonismo" adquirido por éste tras instruir causas de gran trascendencia mediática y perseguir el terrorismo, la corrupción y a "dictadores del Cono Sur americano", el fiscal se ha preguntado si "esa preocupación de Garzón por investigar determinados delitos" está detrás de las querella contra él.

Navajas solicitó la absolución de Garzón, ha dicho también que el acusado abrió una investigación sobre "los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española" y destacó que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente" a la que aún no se le ha puesto "el punto final".

 
Paracuellos
El abogado defensor de Garzón solicitó la libre absolución de su representado y defendió que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicmente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.

Gonzalo Martínez-Fresneda, que se extendió durante dos horas en la exposición de su informe final, comenzó su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.

Desde el punto de vista político, dijo la defensa, ambos acontecimintos son "igual de repugnantes, con episodios tristes, trágicos, delictivos y criminales, pero jurídicamente no tienen parangón". Entre otras diferencias, indicó que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible —"sabiendo que una muerte no se puede reparar"—, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.

A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a "introducir por la puerta falsa y en fraude procesal" este elemento que ha quedado "sin género de dudas" fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con "absoluta sumisión" lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.

Según Gonzalez-Fresneda, la querella interpuesta en 1998 formó parte de una "contraofensiva" por haber aceptado la Audiencia Nacional hechos relativos a las desapariciones de Argentina o el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet.

En todo caso, el juez no aceptó la querella, que no aludía a delitos de genocidio o lesa humanidad, por errores "formales y su mala elaboración" y, por lo tanto, no aplicó la Ley de Amnistía de 1977 ni declaró prescritos los hechos expuestos

“Nadie quiso ayudarnos. Teníamos 10, 5 y un año, pero éramos rojos. Peligrosos”

Al padre de Felipe, alcalde socialista de Valdetorres, lo fusilaron
Su madre fue liberada, pero murió al poco tiempo

Siete relatos del horror del franquismo

Felipe Gallardo y su hija Purificación, en su casa de Móstoles. / CARLOS ROSILLO

“¿Sabéis volver a casa?”, preguntaron los falangistas a tres niños de 10, 5 y un año mientras se llevaban a sus padres. El mayor, Felipe Gallardo, dijo que sí. “Agarré a mi padre por la cintura, me soltó, y ya no le vi más”, cuenta hoy, con 84 años. Con una hermana de la mano y otro sobre los hombros, Felipe volvió a casa. Pero al llegar, la estaban saqueando los falangistas, así que tuvo que buscar otro refugio. “Nadie quiso ayudarnos porque les dábamos miedo. Las familias de los niños con los que yo jugaba en el colegio tampoco. Éramos rojos, peligrosos”.

Pasó aquella primera noche en un cobertizo sin tejado por los bombardeos. Su hermano pequeño, recuerda, no dejó de llorar. Finalmente, una mujer se acercó y les dejó mantas y comida. No quiso llevárselos a su casa.

    No queremos venganza, sino justicia

Al padre de Felipe, Pedro Gallardo, alcalde socialista de Valdetorres, lo habían llevado a la plaza de toros de Badajoz, y a su madre, Feliciana Gómez, a la prisión de Trujillo. La familia guarda como un tesoro las cartas que se escribieron de cárcel a cárcel. En los sobres, junto al obligado Arriba España, hay fotos de Franco, Hitler y Mussolini.

Tenía solo 10 años, pero Felipe empezó a tener miedo de morirse. Pensó que iban a ir a por él. “Mataron a una niña de 14 porque había visto algo”, recuerda. “Mataban a los niños que habían visto demasiado y tenían edad suficiente para contarlo”. Su prima decidió sacarlo de allí. “Se disfrazó de falangista y me acompañó en tren a Huelva”. Sus dos hermanos se quedaron con los abuelos.

A su padre lo condenaron a muerte por adhesión a la rebelión y el 13 de junio de 1940 ejecutaron la sentencia. “¡Es un insulto!”, clama su nieta. “¿Él era el rebelde? ¿Él, que había sido votado alcalde de su pueblo, que jamás había cogido un arma? Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...”.

Pedro Gallardo tenía el día que lo mataron 46 años. Por edad no había ido al frente, lo habían destinado a tareas administrativas. “Gracias a ese puesto pudo mediar para que no mataran a dos falangistas”, cuenta Purificación Gallardo, su nieta. “Con él no hicieron lo mismo”.

    Mataban a todos los que trabajaban para el Gobierno legítimo de la República: alcaldes, maestros...

Feliciana pasó tres años más en prisión después de recibir la última carta de su marido. La arrojaron a una cuneta, viva, pero casi muerta, “para que no tuvieran que registrar otro fallecimiento en prisión”, cuenta su nieta. “Tuvo suerte de que la encontró un médico que se la llevó y logró salvarla”.

Estaba tan delgada que Felipe Gallardo no conoció a su madre cuando la volvió a ver. Feliciana había sufrido mucho: por lo que le habían hecho y por lo que había visto. “Mataban a tantos en aquella cárcel que las descargas hacían ladrar a los perros y molestaban a los señoritos. Así que empezaron a llevarse a los presos a una nave, donde les ataban pies y manos y les machacaban la cabeza a golpes hasta que se morían. A las presas como a mi madre las hacían ir a limpiar luego para que quedase todo listo para el día siguiente, para la próxima tanda. Si exhumaran en aquella nave, verían que lo que digo es totalmente cierto”, cuenta Felipe.

Feliciana no aguantó mucho más y murió poco después. Al volver al pueblo, no la habían dejado reabrir su negocio, una tienda donde antes de la Guerra Civil vendía comida y telas con las que se ganaba la vida.

Para entonces, aquella familia tenía a ocho miembros asesinados y arrojados a fosas y cunetas, el mayor de 70 años y el más joven de 20. “Mataron a mi abuelo, a mi padre, a cuatro tíos, a mi prima y a su madre”, relata Felipe Gallardo. “A ellas dos por ser mujeres de republicanos”, añade Purificación. No saben dónde están los cuerpos. “No figuran en ningún registro. Son desaparecidos”. El hermano pequeño de Felipe estuvo a punto de correr la misma suerte. Cuando tenía 16 años, falsificó su documentación para hacerse guardia de asalto. Fue capturado por el bando ganador de la guerra, trasladado al campo de concentración de Castuera y después, al Valle de los Caídos, donde trabajó en su construcción. Purificación recuerda cómo un día quiso llevarles al mausoleo. “Cuando íbamos por la carretera tuvimos que parar. Dijo que era incapaz de entrar en aquel sitio”.

“En 1963, mi tío pidió un aumento de sueldo en la empresa donde trabajaba, de construcciones aeronáuticas, en Getafe. Le torturaron durante 15 días con alambres, descargas eléctricas...”, relata Purificación. La familia decidió alejarse lo más posible de Franco y emigró a Australia. “En España mi padre tenía miedo todo el tiempo. Porque en España en los sesenta seguía siendo ‘hijo de rojos”. Volvieron en 1985. A Felipe le hubiera gustado contar su historia en el Supremo, pero se emociona mucho. Su hija, Purificación, que ha asistido a todas las sesiones hasta ayer, insiste en el mensaje de todos: “No queremos venganza, sino justicia”

Natalia Junquera Madrid 7 FEB 2012

Las víctimas de Franco denuncian ante el Supremo que la Justicia no les apoya

Los testigos relatan ante el tribunal que juzga a Garzón cómo han acudido a los juzgados cada vez que han hallado una fosa sin lograr que los magistrados se personen, tal y como fija la ley al tratarse de restos humanos con signos de violencia

Una a una, las víctimas del franquismo propuestas por el juez Baltasar Garzón exponen ante el Tribunal Supremo por qué y cómo acudieron a la Audiencia Nacional en un inten-to más de reclamar verdad, justicia y reparación para esos familiares que les arrebataron en los primeros momentos de la Guerra Civil.

La primera de los testigos de ayer, Olga Alcega, expresó con contundencia el sentimiento de todos. Su deseo de saber "la verdad" de lo que le ocurrió a su abuelo y marcó a su familia. Para ello, insistió en los distintos intentos que su asociación, ubicada en Navarra, ha protagonizado para que los jueces acudan a las exhumaciones de fosas de la Guerra Civil, igual que hacen cuando se encuentra cualquier resto arqueológico en una ciudad. Nunca lo han logrado.

El TS escucha hoy a los últimos testigos de Garzón y la vista podría acabar mañana

Hoy está previsto que declaren los tres últimos testigos. Antonio Solsona, Emilio Silva y Antonio Ontañón serán quienes cerrarán los testimonios solicitados por Garzón para tratar de defenderse del delito de prevaricación por el que la acusación que ejercen juntos el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraconservador, solicita una pena de 20 años de inhabilitación para el magistrado.

Finalmente, de la veintena de testigos solicitada por Garzón hace casi dos años cuando presentó su escrito de defensa, sólo habrá comparecido con los previstos hoy una decena ante los siete magistrados que le juzgan por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

El fallecimiento de uno de ellos, la enfermedad de varios y la necesidad de ajustar y racionalizar un calendario que amenazaba con que el juicio se alargara en exceso ha llevado a la defensa a renunciar al resto, como anunció que haría cuando comenzó la prueba testifical.

La sentencia tendrá que decir algo sobre los horrendos hechos denunciados

El número de testigos no influirá en la Sala, porque todos los que han comparecido han coincidido en lo fundamental. Con unas u otras palabras contaron al tribunal presidido por Carlos Granados que desde que se llevaron a sus padres o abuelos de sus casas no volvieron a saber de ellos, lo que entienden que es constitutivo de un delito de detención ilegal que se sigue perpetuando en la actualidad, porque no puede considerarse prescrito, ni es amnistiable, como ha determinado la justicia en distintos países, incluida España, donde se condenó a Adolfo Scilingo por los crímenes de la dictadura argentina.

Todos ellos acabaron acudiendo a la Audiencia Nacional, porque tanto al principio de la democracia como desde que en 2000 se constituyeron las asociaciones no han dejado una puerta sin llamar para tratar de esclarecer lo que le ocurrió hace 74 años a sus seres queridos

Fusilado por dar pan y huevos a los maquis

Pedro Solsona tenía cinco hijos, uno de ellos contará su historia en el Supremo
Natalia Junquera Madrid 2 FEB 2012 -

Antonio Solsona muestra una fotografía de su padre, Pedro, fusilado en 1947. / ÁNGEL SÁNCHEZ



A Pedro Solsona no le interesaba la política. No era de izquierdas ni de derechas. Sus únicas preocupaciones eran la tierra que había heredado en Vistabella (Castellón), su mujer y sus cinco hijos. Vivían aislados. “Solo teníamos tres vecinos y las noticias eran lo que te contaran ellos”, relata Antonio, su hijo, de 65 años. La Guerra Civil quedaba lejos. “Casi ni la sentimos”. Terminada la contienda, siguieron con sus vidas: su tierra, sus gallinas... hasta una noche de julio de 1947, en que recibieron una visita inesperada.

“Eran una docena, armados hasta los dientes. Dijeron que eran maquis y pidieron comida. Mis padres les dieron patatas, pan, huevos… Volvieron cuatro o cinco veces más. Se preparaban la cena, la pagaban y se iban. Alguna vez durmieron en el pajar”, relata Antonio. Las cenas con los maquis llegaron a oídos de un hombre al que los Solsona no temían porque entonces todavía no habían oído hablar de él: el capitán Lobo.

“Maximiliano Lobo era el capitán de la comandancia de la Guardia Civil de Lucena. Se presentó en casa y dijo que se llevaba a mi padre detenido. También tenía al vecino, Manolo”. El barbero del pueblo fue el último en verlos con vida. “Fue a afeitar al cuartel y vio a mi padre con la cara desfigurada. Le habían torturado”, relata Antonio, entonces un bebé.

A los tres días, el capitán Lobo subió a Pedro y a Manolo a un camión para trasladarlos a la cárcel provincial. “Pero en medio del camino les dijeron que se bajaran y los mataron. Los dejaron allí tirados. El bus que baja a Castellón pasó por allí y gente que iba dentro reconoció a mi padre”.

El capitán Lobo llamó desde el pueblo más cercano a la comandancia para decir que había dejado dos cadáveres en el camino. Que los detenidos habían intentado escapar y los había matado. “Eso es lo que dice el atestado de la Guardia Civil, pero es mentira”, cuenta Antonio. “Un pastor y su hijo lo habían visto todo: cómo se paraba el camión y cómo les disparaban una ráfaga de tiros”.

La familia supo luego, cuando Pedro Solsona ya estaba muerto, que el motivo de la detención eran aquellas patatas, pan y huevos que habían dado a los maquis. Y entonces sí, empezaron a oír hablar del capitán Lobo. “Quería que todo el mundo le tuviera terror. Daba palizas sin motivo a los pastores, y a mitad de la paliza paraba a descansar y fumar un cigarro. ‘Yo no tengo prisa’, les decía. No era muy alto, ni muy fuerte, pero estaba lleno de odio”.

Mucha gente supo lo ocurrido el mismo día, porque los cuerpos pasaron varias horas en la carretera y los vieron. “Pero a mi madre tardaron un mes en comunicárselo. La llamaron al cuartel: ‘Su marido está muerto por colaborar con la guerrilla’. Eso fue todo”. Esta es la historia que Antonio relatará en el Supremo la semana que viene. Como tantos otros, no sabe dónde fueron a parar los restos de su padre.

Tribunal Supremo 75 años después

El Tribunal Supremo acogió este miércoles por primera vez las voces de la memoria de las víctimas del franquismo, aquellos niños del 36, hoy ya octogenarios, que evocaron cómo un día se llevaron de casa a sus padres, a los que nunca volvieron a ver. Fueron testimonios emotivos, estremecedores, de aquellos que fueron a pedir justicia a la Audiencia Nacional porque antes nadie les había hecho caso. Ante el tribunal reprodujeron sus historias como testigos de la defensa del juez Baltasar Garzón, que se enfrenta a los 20 años de inhabilitación que exige para él el pseudosindicato del ultraderechista Miguel Bernard, por investigar los crímenes del franquismo.

Junto a las víctimas, un historiador que ha investigado la Memoria Histórica sostuvo que al menos desde un año antes a 1936 existía un “plan sistemático” para eliminar a representantes del Gobierno legítimo de la Segunda República, lo que podría llevar a pensar que se produjeron “actos de genocidio”.

Las víctimas tuvieron suerte esta vez. A pesar de sus evidentes limitaciones, pudieron expresarse. En junio de 2009, el anterior tribunal, presidido por Juan Saavedra, despachó con un desabrido “absténganse de perturbar al Supremo”, el intento de alguna asociación de víctimas de “autoinculparse” en la causa abierta a Garzón. El magistrado que presidía el tribunal, Carlos Granados, dejó fluir los testimonios con comprensión y respeto. El intento del abogado de Manos Limpias de reconducir a los testigos, —“aquí se está juzgando a Baltasar Garzón...” comenzó a decir—, fue atajado con contundencia por Granados: “Aquí es el presidente el que determina que pruebas son pertinentes”, le cortó.

María Martín López, de Pedro Bernardo (Toledo), de sus 81 años, testificando ante los magistrados del Supremo. / ... (EFE)

El testimonio de María Martín, de 81 años, de la asociación Nuestra Memoria, de Sierra de Gredos, resultó el más conmovedor. Enlutada y de pelo cano, la anciana entró en el salón donde se celebra el juicio empujando un andador. “Tengo mal la garganta”, se justificó con una voz ahogada y rota, muy difícil de entender. María tenía seis años y vivía en Pedro Bernardo cuando se llevaron a su madre, el 21 de septiembre de 1936. “Le pidieron mil pesetas y como nos las tenía, la echaron a la calle, se la llevaron a Arenas de San Pedro, pero la mataron por el camino. Ese día mataron a 27 hombres y tres mujeres. Solo un hombre se escapó y no lo encontraron”. María describió el lugar donde ella “sabe” que está el cuerpo de su madre, en una fosa cerca de un puente que cruza un arroyo. Todas sus gestiones para recuperarlo han fracasado.

María del Pino Sosa vive en Gran Canaria y, como la anterior testigo, solo conoce a Garzón “de los periódicos y la televisión”. Como representante de la asociación de Arucas denunció, en diciembre de 2006, la desaparición de su padre, al que “se llevaron de casa” junto con otros que no aparecieron. A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, relató: “Se los llevaron de casa, los apalearon, se los llevaron presos. Cuando se llevaron a mi padre, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas”. Su madre nunca aceptó una declaración de fallecimiento. “Decía que se lo llevaron vivo, y vivo lo reclamamos”.

Una de las asociaciones que en 2009 quiso autoinculparse junto a Garzón fue la de Ponteareas (Pontevedra). Uno de sus representantes, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, explicó las razones que les llevaron a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional. “Queríamos saber cómo se habían producido esas muertes y dónde estaban los desaparecidos. Muchas personas desconocían el paradero de sus padres. Con la denuncia intentamos saber cómo se había producido el proceso final al que no podíamos llegar en ningún caso”.

El testigo precisó que acudieron “a la Audiencia Nacional”, no al juez Garzón.

Pino Sosa, de la asociación de la Memoria Histórica de Arucas en Gran Canaria, declarando en el Tribunal Supremo. / ... (EFE)

Como historiador, Gallardo dijo haber promovido varias investigaciones sobre la represión franquista en Galicia que apuntaban un “plan sistemático” para eliminar a los responsables políticos de la Segunda República. Sin embargo, han encontrado muchas dificultades en el acceso a los archivos históricos, y al del Ejército solo fue posible a partir de 1999. “Si pudiéramos acceder realmente a archivos penitenciarios, a archivos de Policía y Guardia Civil podríamos determinar ese plan sistemático, y conocer realmente lo sucedido”, aseguró.

Gallardo explicó que ya en 1978 hubo una primera fase de investigación y apertura de fosas, pero, a partir del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, el proceso quedó paralizado, porque “el Gobierno socialista decidió aparcarlo”. Luego, en distintos momentos se ha intentado saber qué pasó con los desaparecidos, pero será “imposible” sin una intervención judicial. “Lo que se produjo fue una cosa terrorífica”, dijo. “Pero mientras en otras partes del mundo se han denunciado hechos similares, aquí no”.

“Dijeron que le habían reventado la tripa a mi abuela embarazada”

Josefina Musulén, de la asociación Memoria de Aragón, ha testificado hoy en el juicio
No denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar"
Julio M. Lázaro Madrid 2 FEB 2012

El juicio contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo ha continuado esta mañana con la declaración de otros dos testigos de asociaciones de la Memoria Histórica, convocados por la defensa del magistrado imputado. Al igual que ayer, la tónica de la sesión ha sido la evocación de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la labor de las asociaciones que intentan localizarlos. A su llegada al palacio de Justicia, Garzón ha sido aplaudido por sus seguidores, que habían cola en el vestíbulo a la espera de poder acceder al salón donde se celebra la vista.

Josefina Musulén Jiménez, de la asociación Memoria de Aragón explicó que su asociación “recibió llamadas de gente muy mayor que quería saber donde están sus víctimas, que pedían ayuda para encontrar a sus desaparecidos”. Preguntado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, dijo que no denunciaron antes de 2006 porque fue “la generación de los nietos la que empezó a hablar. En 2006 creían ya que la única opción que les quedaba era la de la Audiencia Nacional".

Musulén relató que un falangista se llevó a su abuelo y además, a su abuela embarazada. Un hermano de su abuela fue al cuartel de Falange, donde le dijeron que a su abuela “con el tiro de gracia le había reventado la tripa”.

“Mi padre tuvo que vivir con eso toda su vida”, siguió Musulén. “Fallecido el dictador, encontramos a amigos de mi abuelo que pudieron contarnos que a mi abuela la habían ingresado en el hospital y que había dado a luz una niña, y que la niña se la quitaron”. La testigo dijo que llevan 33 años buscando a esa niña, la hermana de su padre: “No hay piedra en Aragón que hayamos podido levantar y que no hayamos levantado”.
 
La siguiente testigo, María Antonia Oliver París, de la asociación Memoria de Mallorca, ha dicho que no conoce al juez Baltasar Garzón. Su asociación presentó una denuncia el 15 de diciembre de 2006, que contenía una relación de víctimas de Mallorca, con un informe histórico de la represión contra la población civil.

La testigo ha explicado que en Mallorca la represión comenzó al día siguiente del levantamiento militar, el 19 de julio de 1936. “Comenzaron con listas preconcebidas las ejecuciones, los asesinatos, las desapariciones...” Su asociación pidió auxilio para encontrar a las personas desaparecidas. Tienen constancia de 3.000 asesinados “que no murieron en combate”. Su asociación tiene documentadas 1.600 personas asesinadas en la isla y más de 50 fosas.

María Antonia Oliver ha relatado que es nieta de una persona desaparecida. “Mi madre, de 87 años, es hija de esa persona. Mi abuela murió y lo que pretendo es que mi madre pueda cerrar las heridas con la verdad y la justicia”.

“Mi madre le llevaba la comida y un día de la primavera del 1937, le dijeron que lo habían puesto en libertad. Pero en una saca de la prisión, los sacaron maniatados y se los llevaron. Sabía dónde iba. Les esperaba una fuerza armada y Falange y les llevaron directamente a la muerte”, siguió al testigo. “Mi abuela y mi madre no lo vieron nunca muerto. Las dijeron que era un rojo y un cobarde, que habría huido con otra mujer y les habría abandonado”.

La testigo concluyó diciendo que si su asociación utilizó la expresión “crímenes contra la Humanidad” en la denuncia es porque siempre han estado asesorados de abogados, que les dijeron que en Argentina y Chile habían salido adelante las investigaciones por ese delito de crímenes contra la Humanidad.