Apoyos a la justicia universal
Se presentaron más de cinco mil adhesiones a la denuncia realizada aquí después de que España cerrrara la causa que tenía el juez Baltasar Garzón. Buscan que la jueza Servini de Cubría comience a tomar declaraciones por videoconferencia.
Por Rocío Magnani
Más de cinco mil españoles expresaron su apoyo a la megacausa argentina que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el país ibérico entre 1936 y 1977. Las adhesiones a la demanda fueron entregadas a dos orillas: en la embajada argentina en Madrid, con un gran acto hace dos semanas, y –el martes– en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría. Después de que se suspendiera el viaje de la magistrada al estado europeo, la querella busca que Servini comience a tomar testimonio a las víctimas del franquismo a través de videoconferencias antes de fin de año.
La comitiva que entregó las adhesiones en los tribunales de Comodoro Py estuvo encabezada por los demandantes argentinos Darío Rivas y Adriana Fernández, acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Verdad, memoria y justicia es la consigna de nuestros pañuelos, pero también debe ser la de todos los pueblos –destacó Cortiñas–. Las familias españolas quieren saber la verdad y que se castigue a los culpables, y nosotros, los argentinos, sabemos que cuando se cometen atrocidades, la necesidad de que se haga justicia no se calma ni con cien años.”
La causa, que se encuentra en período de instrucción, se basa en los mismos principios judiciales que utilizó el juez español Baltasar Garzón para investigar los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena, y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Fue iniciada en 2010, a partir de la demanda de Rivas por el asesinato de su padre fusilado en 1936, cuando era alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo. La condena y destitución de Garzón –único juez español que se atrevió a tratar de investigar los crímenes del franquismo– generó una gran expectativa a comienzos de este año por la demanda argentina. Las víctimas y militantes de derechos humanos de ese país se volcaron a los tribunales argentinos y, hoy, la causa incluye un total de 40 querellas individuales, otras quince de organismos sociales y más de cincuenta demandas que están por presentarse.
Estaba previsto que la jueza Servini de Cubría viajara a Madrid en septiembre para escuchar los testimonios de un centenar de testigos y víctimas de la represión de la dictadura franquista, pero suspendió el viaje porque el presupuesto asignado por la Corte Suprema era inferior a lo que había solicitado y, según argumentó, no alcanzaba para la tarea. “Así surgió la idea de la videoconferencia”, explicó el abogado Máximo Castex, que ayer entregó una nómina de testigos sugeridos para declarar de ese modo. “La expectativa es que se concreten las declaraciones antes de fin de año. Esto depende no sólo del juzgado sino del Consejo de la Magistratura y de los consulados argentinos en España, desde donde se comunicarían los testigos”, detalló Castex.
Entre quienes están propuestos para declarar se encuentran Mercedes Puig Antich –cuyo hermano Salvador fue ejecutado con un fuerte repudio popular en 1974– y Pedro Fausto Canales, que demanda por el asesinato de nueve militantes del pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila.
Varios de los testigos seleccionados para declarar en una primera instancia han reconocido como “represores y torturadores” a Roberto Conesa y José Antonio “Billy el Niño” González Pacheco. “Estos criminales continúan vivos sin haber sido llamados a declarar ni una sola vez, a pesar de que son reconocidos por cientos de víctimas como sus torturadores”, señaló Castex.
“Ya no se puede perder tiempo”, resalta Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo por parte de un grupo de franquistas que consignaron en su acta de defunción que lo mataban por marxista. “La investigación de estos crímenes ya se dilató por más de 75 años. Se están muriendo las víctimas y los represores sin justicia. Y eso es terrible, porque un pueblo que crece sobre la impunidad no puede avanzar”, asegura. Rivas, por su parte, cumplirá 93 años en febrero, pero no pierde la esperanza de ver que en la Argentina se haga justicia por su padre, Severino. “Siempre confié en este país”, dice, y las cinco mil adhesiones que se presentaron refuerzan su voto de confianza.
Se presentaron más de cinco mil adhesiones a la denuncia realizada aquí después de que España cerrrara la causa que tenía el juez Baltasar Garzón. Buscan que la jueza Servini de Cubría comience a tomar declaraciones por videoconferencia.
Por Rocío Magnani
Más de cinco mil españoles expresaron su apoyo a la megacausa argentina que investiga, a través de principios de Justicia universal, los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en el país ibérico entre 1936 y 1977. Las adhesiones a la demanda fueron entregadas a dos orillas: en la embajada argentina en Madrid, con un gran acto hace dos semanas, y –el martes– en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría. Después de que se suspendiera el viaje de la magistrada al estado europeo, la querella busca que Servini comience a tomar testimonio a las víctimas del franquismo a través de videoconferencias antes de fin de año.
La comitiva que entregó las adhesiones en los tribunales de Comodoro Py estuvo encabezada por los demandantes argentinos Darío Rivas y Adriana Fernández, acompañados por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Verdad, memoria y justicia es la consigna de nuestros pañuelos, pero también debe ser la de todos los pueblos –destacó Cortiñas–. Las familias españolas quieren saber la verdad y que se castigue a los culpables, y nosotros, los argentinos, sabemos que cuando se cometen atrocidades, la necesidad de que se haga justicia no se calma ni con cien años.”
La causa, que se encuentra en período de instrucción, se basa en los mismos principios judiciales que utilizó el juez español Baltasar Garzón para investigar los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena, y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. Fue iniciada en 2010, a partir de la demanda de Rivas por el asesinato de su padre fusilado en 1936, cuando era alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo. La condena y destitución de Garzón –único juez español que se atrevió a tratar de investigar los crímenes del franquismo– generó una gran expectativa a comienzos de este año por la demanda argentina. Las víctimas y militantes de derechos humanos de ese país se volcaron a los tribunales argentinos y, hoy, la causa incluye un total de 40 querellas individuales, otras quince de organismos sociales y más de cincuenta demandas que están por presentarse.
Estaba previsto que la jueza Servini de Cubría viajara a Madrid en septiembre para escuchar los testimonios de un centenar de testigos y víctimas de la represión de la dictadura franquista, pero suspendió el viaje porque el presupuesto asignado por la Corte Suprema era inferior a lo que había solicitado y, según argumentó, no alcanzaba para la tarea. “Así surgió la idea de la videoconferencia”, explicó el abogado Máximo Castex, que ayer entregó una nómina de testigos sugeridos para declarar de ese modo. “La expectativa es que se concreten las declaraciones antes de fin de año. Esto depende no sólo del juzgado sino del Consejo de la Magistratura y de los consulados argentinos en España, desde donde se comunicarían los testigos”, detalló Castex.
Entre quienes están propuestos para declarar se encuentran Mercedes Puig Antich –cuyo hermano Salvador fue ejecutado con un fuerte repudio popular en 1974– y Pedro Fausto Canales, que demanda por el asesinato de nueve militantes del pueblo de Pajares de Adaja, provincia de Avila.
Varios de los testigos seleccionados para declarar en una primera instancia han reconocido como “represores y torturadores” a Roberto Conesa y José Antonio “Billy el Niño” González Pacheco. “Estos criminales continúan vivos sin haber sido llamados a declarar ni una sola vez, a pesar de que son reconocidos por cientos de víctimas como sus torturadores”, señaló Castex.
“Ya no se puede perder tiempo”, resalta Fernández, querellante por el asesinato de su abuelo por parte de un grupo de franquistas que consignaron en su acta de defunción que lo mataban por marxista. “La investigación de estos crímenes ya se dilató por más de 75 años. Se están muriendo las víctimas y los represores sin justicia. Y eso es terrible, porque un pueblo que crece sobre la impunidad no puede avanzar”, asegura. Rivas, por su parte, cumplirá 93 años en febrero, pero no pierde la esperanza de ver que en la Argentina se haga justicia por su padre, Severino. “Siempre confié en este país”, dice, y las cinco mil adhesiones que se presentaron refuerzan su voto de confianza.
